La Comisión de Presidencia del Parlamento navarro aprobó ayer con los votos de PSN, Bildu, NaBai e I-E dos proposiciones de ley que instan al Gobierno de UPN a que abone a los trabajadores de la función pública una paga en diciembre o, en su defecto, que se adelante a enero de 2013 la correspondiente a junio de ese año. Estas proposiciones se votarán en el Pleno que tendrá lugar el día 20, por lo que se cumplen los plazos para que el Ejecutivo de Barcina abone la paga a los trabajadores públicos en diciembre.

La fórmula escogida por los parlamentarios para poder abonar la paga extra en diciembre es «complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo» y se basa en la constatación de que Nafarroa dispone de competencias propias para organizar su función pública tal y como recoge el Amejoramiento.

El parlamentario de Bildu Víctor Rubio explicó a GARA que la ponencia parlamentaria recoge la proposición presentada por este grupo y destacó que obliga a Barcina a pagar la extra en diciembre. El acuerdo alcanzado por los grupos de la oposición (PSN, Bildu, NaBai e I-E) hará que el Pleno apruebe esta medida, a pesar de la oposición de UPN y PP a la misma.

Sin embargo, Barcina ya mostró ayer sus reticencias a asumir una nueva derrota parlamentaria que le obligaría a plantar cara al Gobierno español, al señalar, tras firmar un protocolo para actuar contra la economía sumergida, que la ponencia parlamentaria es «muy vulnerable jurídicamente» si se llega a aplicar ante un anunciado recurso de constitucionalidad por parte del Gobierno español.

«Este acuerdo del Parlamento no da seguridad jurídica a los funcionarios y por tanto va a ser analizado por el Gobierno para tomar las decisiones oportunas», añadió Barcina.

Es decir, que el Gobierno de UPN se prepara para hacer caso omiso al dictamen del Parlamento.

Segunda fórmula

Si se materializa el empecinamiento de Barcina, la ponencia parlamentaria prevé una segunda fórmula para garantizar que los trabajadores públicos puedan cobrar la paga extra los primeros días de enero mediante el adelantamiento de la de junio de 2013.

Esta sería la segunda opción en el caso de que Barcina se niegue a pagar en diciembre. Rubio destaca que el objetivo es garantizar que no disminuya el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, ya sometidos a recortes de sueldos por parte de la Administración navarra. No cobrar la paga extra supondría una merma añadida del 7% en sus sueldos. «El Gobierno navarro debe pagar la extra porque la nómina se abona en catorce partes», añadió Rubio.

El representante de UPN, Javier Caballero, destacó que la ponencia «se ha aprobado muy a nuestro pesar y se ha perdido una ocasión para dar seguridad jurídica a los funcionarios».

Roberto Jiménez (PSN) destacó que si los trabajadores públicos navarros se quedan sin paga extra será responsabilidad de UPN y PP, mientras que Patxi Zabaleta (NaBai) subrayó que «los trabajadores públicos tienen derecho a percibir de manera completa su salario».

«El mensaje de la mayoría del Parlamento es que se pague en diciembre», señaló Txema Mauleón (I-E), que lamentó que UPN y PP hayan quedado fuera del acuerdo.

ELA, por su parte, exigió a todas las administraciones de Nafarroa, así como a las empresas públicas, mancomunidades y a la UPNA, que «abonen en tiempo y forma la paga extra de diciembre, tal y como está recogido en los presupuestos de todas estas instituciones y en el Estatuto de la Función Pública».

En este sentido, este sindicato subrayó que «solo una ley aprobada por el Parlamento de Navarra puede suprimir esta paga y ninguno de los textos aprobados en la ponencia parlamentaria recoge dicha supresión», por lo que considera que «ordenar el impago carece de respaldo legal por parte del Parlamento de Navarra».