El Tribunal de Justicia de la UE condenó ayer al Estado español a pagar una multa de 20 millones por no haber recuperado las ayudas ilegales concedidas hace más de dos décadas a la empresa Indosa, filial de Magefesa, así como a una sanción diaria de 50.000 euros hasta que cumpla dicha obligación.

En una sentencia hecha pública ayer, la Corte de Luxemburgo sanciona al Estado español por incumplir una resolución de 2002, en la que se confirmaba un análisis de la Comisión Europea (CE) y obligaba al Gobierno de Madrid a recuperar los subsidios a las filiales del grupo Magefesa.

La CE declaró en 1989 «ilegales e incompatibles con el mercado común» las ayudas concedidas por el Gobierno español y varias comunidades autonómicas, entre ellas la CAV, a Magefesa, productor de artículos de menaje de acero inoxidable y de pequeños aparatos electrodomésticos, y formado por cuatro sociedades industriales: Indosa (CAV), Migsa (Andalucía), Cunosa y Gursa (Cantabria).

En teoría esas ayudas destinadas a paliar las dificultades económicas que atravesaba el grupo, consistieron en avales crediticios, préstamos en condiciones mejores que las del mercado, subvenciones no reintegrables y de intereses.

Europa consideró entonces que el Estado español no había adoptado en los plazos señalados las medidas necesarias para cumplir esa decisión, por lo que interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia, y éste le dio la razón en su sentencia de 2002.

Cuatro años más tarde, la Comisión consideró que la sentencia fue ejecutada por tres de las filiales del grupo (Gursa, Migsa y Cunosa), pero no en el caso de Indosa. Según la CE, las ayudas concedidas a la sociedad no se recuperaron mientras que sus actividades prosiguieron pese a su declaración en quiebra en 1994, en un primer momento bajo la forma de Indosa, y más tarde por la Compañía de Menaje Doméstico (CMD). Ésta última empresa, filial al 100% de Indosa, se creó tras la quiebra de Indosa para comercializar los productos de la empresa.