El primer ministro británico, David Cameron, reconoció ayer ante el Parlamento la «inaceptable complicidad» de agentes británicos en la muerte del abogado católico Pat Finucane en 1989, pero subrayando que no hubo un «complot» por parte del Estado.

Cameron hizo públicas ante los parlamentarios las conclusiones de un informe sobre la muerte de Finucane, un conocido abogado de militantes republicanos abatido en su domicilio de Belfast en 1989, ante su mujer y sus tres hijos, por paramilitares unionistas.

El abogado recibió 14 impactos de bala y su esposa resultó herida. Un lealista, Ken Barrett, fue condenado en 2004 a 22 años de prisión por esta muerte, pero el ataque siguió siendo objeto de controversia al sospecharse de la implicación de las fuerzas de seguridad.

Según este informe, agentes de los servicios de inteligencia del Ejército británico y del antiguo servicio de Policía norirlandés, el RUC, conocían los planes de la UDA para matar a católicos y «dos agentes, que trabajaban entonces para los servicios del gobierno» y «otra persona que fue reclutada tras el atentado al servicio del Estado» están implicados. Estos agentes «favorecieron y facilitaron» el crimen, ofreciendo informaciones de las que disponían los servicios de seguridad británicos y hubo «una fuerte voluntad de confundir a la justicia».

No obstante, señala que «no hubo una consipiración general a nivel del Estado para matar a Patrick Finucane» y descarta la hipótesis de una implicación de los ministros de la época. David Cameron calificó esta complicidad como «inaceptable» y «sorprendente» y presentó sus disculpas a la familia.

Rechazo de la familia

Pero la familia reclama la apertura de una investigación pública y cuestiona que el Gobienro no estuviera implicado. La oposición laborista se sumó ayer a esta demanda, pero Cameron la ha rechazado, afirmando que «no aportaría nada más». La esposa del abogado, Geraldine Finucane, denunció el contenido del informe en una rueda de prensa, estimando que era una forma de «esconder la basura bajo la alfombra». «Es una impostura, es como una estafa prsentada como un examen independiente», acusó.

El líder del Partido Laborista británico, Ed Miliband, pidió que se ponga en marcha una investigación pública que aclare la implicación de las fuerzas de seguridad en la muerte del abogado católico. Miliband aseguró que Gran Bretaña debe reconocer que, «en algunas ocasiones», el Estado no se comportó como debía «durante el conflicto en Irlanda del Norte» y que la familia y la sociedad norirlandesa necesitan una investigación pública al respecto.

También Gerry Adams, presidente de Sinn Fein, recordó que la connivencia entre paramilitares protestantes y las fuerzas de seguridad era común durante el conflicto. En su opinión, la negativa de Londres a establecer un tribunal de investigación se debe a que no quiere «abrir la caja de pandora» que revelaría las prácticas administrativas que formaban parte de los mecanismos de colaboración entre ambas partes.