En línea con el discurso de «tolerancia cero» con el fraude fiscal defendido por el actual Gobierno foral, ayer se aprobó la norma foral para crear el Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo (ROTER). Un mecanismo que ha creado controversia y que ha sido calificado por sus detractores como «lista negra» o «lista política». A pesar de todo, Bildu, PSE y Aralar volvieron a unir sus fuerzas para aprobar dicho registro como «instrumento eficaz contra el fraude fiscal».

La diputada de Hacienda, Helena Franco, dibujó un esquema general de este mecanismo cuyo trámite se inició hace ocho meses. Explicó que parte de la propuesta de los técnicos de la Hacienda foral, y pretende ser un instrumento contra el fraude y «un sistema de alarma que se usará a nivel interno» para adoptar medidas cautelares.

La titular de Hacienda informó de que la creación del registro quedará a cargo de la subdirección de inspección, por lo que «no quedará en manos de la discrecionalidad del político de turno». Con ello quiso incidir en el compromiso de respetar la privacidad de los contribuyentes registrados, puesto que éste es uno de los principales argumentos utilizados por PNV y PP contra dicho mecanismo.

En resumen, el ROTER es un censo de carácter no público que incluirá a personas o entidades que hayan sido imputadas por delitos contra la Hacienda, que hayan sido condenados por este tipo de delitos, que se les haya revocado el número de identificación fiscal o que tras tres intentos de notificación en procesos de comprobación tributaria no hayan podido ser localizados.

También incluirá a quienes hayan sido objeto de sanciones no pecunarias, es decir, que tengan la imposibilidad de recibir subvenciones o contratar con la Administración pública por cometer actuaciones irregulares, los declarados responsables solidarios de algún incumplimiento fiscal o los fállidos en procedimientos de apremio.

Se recogerá también en el registro las entidades o personas que hayan sido condenadas por actuaciones perjudiciales o fraudulentas para la Hacienda.

Abstención y acusación

En este punto PNV y PP no votaron en contra, sino que se abtuvieron. La juntera del PNV Itziar Agirre justificó su abstención en que no quieren ser acusados de no apoyar la lucha contra el fraude fiscal.

Sin embargo, Agirre criticó que la inclusión o no de contribuyentes en el ROTER es «algo potestativo y discrecional». Además, se preguntó «cuál es la eficacia» de este registro, que, a su juicio, «atenta contra la presunción de inocencia de las personas que pueden verse en un proceso injusto». El portavoz del PP coincidió en este argumento y consideró que la lucha contra el fraude no tiene que pasar «por lugares oscuros».

Para Bildu, PSE y Aralar estos argumentos no tienen el peso suficiente para echar atrás la implantación del registro. Es más, la juntera de Bildu Idoia Ormazabal consideró «asombroso pretender dar apoyo a presuntos defraudadores» apelando a la presunción de inocencia.

Julio Astudillo (PSE) señaló que el fraude fiscal en la CAV asciende a 2.500 millones, por lo que consideró necesario que las instituciones se doten de nuevas herramientas.

Rebeka Ubera (Aralar) recalcó que esta base de datos estará basada en datos objetivos al tiempo que hizo un llamamiento a tomar en serio la lucha contra el fraude. Algo que, en su opinión, «ha faltado en esta casa durante muchos años».