Un tribunal londinense autorizó ayer la entrega al Estado español de Kemen Uranga Artola, un ciudadano vasco de 43 años requerido por la justicia española, que le acusa de «colaborar» presuntamente con ETA. El abogado defensor del represaliado, Mark Summers, anunció que recurrirá la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Londres en el plazo legal de siete días.

Según informó la agencia Efe, Uranga, que lleva doce años residiendo en Gran Bretaña, fue detenido el pasado 8 de agosto en su domicilio del barrio londinense de Kentish Town en virtud de una euroorden de arresto emitida por la Audiencia Nacional española, que le imputa un presunto delito de «colaboración terrorista».

En concreto, la Audiencia Nacional reclama la entrega de Uranga al Estado español por haber facilitado supuestamente dos pisos francos a ETA en Bilbo. En su petición, el tribunal de excepción afirma que en uno de pisos la policía halló explosivos, municiones y documentos sobre cómo fabricar bombas.

Durante el proceso judicial, su defensa cuestionó la validez de la euroorden, al considerar que la conducta que se tipifica no puede ser considerada delito en Gran Bretaña, requisito clave para la extradición. A este respecto, Summers puso en duda que el delito que se le imputa a Uranga -«alojar a terroristas» en el año 2000- sea delito en Londres, ya que la justicia británica no incluyó a ETA en su lista de «organizaciones proscritas» hasta el año 2001.

Al solicitar la libertad bajo fianza del represaliado, Summers leyó cartas de sus amigos y su familia para demostrar que este residía en Londrés desde hace años. Pese a probar el arraigo y alegar que el delito imputado acarrea una pena «relativamente baja», el juez denegó la libertad condicional.

Extradición de Azkarate

Por otro lado, el Tribunal de Toulouse aceptó ayer la extradición al Estado español de Manu Azkarate, una decisión que ya ha sido recurrida por el abogado del tolosarra, que residía en la localidad de Ziburu cuando fue detenido el pasado 7 de marzo.

Entonces Madrid trató de justificar el arresto señalando que el preso político, que en 1992 fue puesto en libertad por motivos de salud, no cumplía las medidas de control impuestas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Tal como recordó «Kazeta.info», el represaliado fue puesto en libertad a la espera de juicio tras su detención. El primer proceso judicial tuvo lugar el 15 de mayo en Pau. En aquella ocasión el tribunal aceptó la extradición, que fue rechazada por el Tribunal de Casación de París, el equivalente al Tribunal Supremo en Madrid.

Ahora son los jueces de Toulouse los que han aceptado las peticiones del Estado español al aprobar la entrega.