La Diputación de Gipuzkoa ha ordenado pagar a sus funcionarios un «complemento retributivo» que compense la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la supresión de la paga extra de Navidad. La institución que lidera Martin Garitano cumple de esta forma con la palabra dada a sus trabajadoras y trabajadores, del mismo modo que ellos han cumplido con sus compromisos laborales. El propio diputado general ha insistido en esta idea en las últimas semanas, al tiempo que el Gobierno español y sus delegados emprendían una carrera surrealista para obligar a todas las administraciones a incumplir leyes y contratos.

Garitano criticó ayer la falta de sensatez del decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y seguramente en esa apreciación coinciden la mayoría de quienes se hallan al frente del resto de las instituciones vascas, más allá del color político de cada mandatario. Sin embargo, esa orden insensata es la que prevalece por la falta de soberanía de esas mismas instituciones. Por ese motivo, la medida del gobierno foral tiene también un valor pedagógico: si existe la convicción de que el decreto del PP es nocivo y que lesiona los derechos de los empleados públicos, es cuestión de voluntad política poner las vías necesarias para que esa vulneración no se produzca. Porque es cierto que Euskal Herria no cuenta con los instrumentos que le permitirían implementar una política económica acorde a los intereses de sus ciudadanos, pero también es verdad que siempre hay recursos para impedir que se aplique una norma injusta.

Por otra parte, es esa voluntad, que sí han mostrado algunos partidos y gobernantes, o la falta de ella, la que debe ser valorada por quienes pretenden meter en el mismo saco todas las formaciones, sin discriminar entre quien nunca ha querido perjudicar a los trabajadores, sino todo lo contrario, y quienes llevan muchos años haciéndolo. También es momento de limpiar los discursos de demagogias y buscar soluciones. En ese objetivo, la Diputación de Gipuzkoa marca el camino.