Martin Garitano compareció ante los medios de comunicación para realizar una lectura sobre los últimos decretos del Gobierno español del PP que afectan a la autonomía de las instituciones vascas y anunciar que abonará a sus empleados públicos un «complemento retributivo» para paliar su pérdida de poder adquisitivo, equivalente a la mensualidad que reciben. La orden de ingreso se llevó a cabo el jueves y se esperaba que los funcionarios recibieran sus respectivas cuantías entre ese día y el viernes.

Garitano denunció que «Euskal Herria no tiene posibilidad de decidir ni sobre su presente ni sobre su futuro» y que «se imposibilita que nuestra ciudadanía y nuestras instituciones ejerzan su soberanía», llegando la negación de ese derecho «hasta lo más básico».

A su juicio, las medidas que pretende imponer el Gobierno español «no responden, en absoluto, a los intereses de la ciudadanía a la que esta Diputación representa», por lo que reiteró la posición del ente foral de responder a ese ataque «con todas las herramientas» a su alcance.

Tras recordar los mecanismos que ha puesto en marcha hasta la fecha para hacer frente a casos como la privatización de Kutxa, los recortes en la Ley de Dependencia o la Renta de Garantía de Ingresos, Garitano subrayó que «hoy vamos a dar otro paso más y vamos a cumplir los compromisos adquiridos con los 1.900 trabajadores y trabajadoras, por una razón tan sencilla como que ellos y ellas también han cumplido los suyos».

«La Diputación actúa y actuará en defensa de su ciudadanía, ya que hay que respetar los derechos sociales, y eso incluye respetar y asegurar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo, por supuesto, los de aquellos y aquellas que pertenecen al sector público», manifestó.

Iruñea y Gasteiz

La medida acordada por la Diputación de Gipuzkoa es similar a la adoptada en el seno de la comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Nafarroa, que el pasado martes apoyaba el abono en diciembre de un «complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo», si bien a las 24 horas el Gobierno de Yolanda Barcina anunciaba su intención de acatar la normativa del Ejecutivo español y suprimir así la paga extra de Navidad.

El Gobierno de Gasteiz también acató el martes la orden del Tribunal Constitucional de suspender el abono de la paga, después de que hubiera iniciado los trámites necesarios para su abono. El Ejecutivo de Patxi López argumentó que «siempre» ha mostrado su «respeto al sistema democrático» y a las decisiones judiciales.

Tras conocer el anuncio del diputado general de Gipuzkoa, el sindicato LAB hizo pública una nota en la que destaca la importancia del acuerdo al considerar que «constituye un ejercicio de soberanía».

A juicio del sindicato abertzale, lo que está en juego «no es solo la décimocuarta paga, sino el camino a emprender frente a los recortes impuestos desde Madrid».

Por ello, considera que «nos encontramos ante un conflicto político de primer orden» y que el acuerdo adoptado por la institución guipuzcoana «constituye un paso en el camino que debe emprender Euskal Herria para hacer frente a la crisis y que debemos reforzar mediante acuerdos y alianzas».