El juez ha imputado a Cervera por el chantaje sin llamarle a declarar
El juez que instruye el caso por la presunta extorsión al presidente de Caja Navarra ha imputado a Santiago Cervera. Por el momento, no le ha llamado a declarar. Aun así, le ha reclamado el teléfono móvil y todos sus ordenadores, que deberá entregar la semana que viene. Mientras tanto, el debate en torno a Caja Navarra se encona y Bildu, NaBai e I-E vuelven a pedir una comisión de investigación parlamentaria.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Fermín Otamendi, juez que instruye la presunta extorsión a José Antonio Asiáin, ha imputado en esta causa al exdiputado del PP Santiago Cervera. El juez actuó con rapidez, dado que se puso a trabajar en la instrucción este jueves, cuando recibió la notificación de que Cervera ya no es aforado. El juez no le llama a declarar de forma inmediata, pero sí que le ha requerido todos sus ordenadores, móviles y aparatos informáticos, que tendrán que ser entregados el día 21.
Otamendi ha ordenado que se revisen las cámaras de seguridad de Iruñea que grabaron el entorno de la famosa rendija del Fortín de San Bartolomé. Asimismo, tomará testimonio a los guardias civiles que estuvieron vigilando durante tres días ese lugar. En el apartado técnico, el juez ha requerido a la empresa One&One, la propietaria de Mail.com, que facilite los datos que estén vinculados a la cuenta «casocaja@mail.com», desde el que le fue enviado al presidente de CAN la petición del chantaje. Esta empresa tiene cinco días para facilitar esa información si no quiere incurrir en un delito de desobediencia grave.
La instrucción apenas acaba de comenzar. Lo importante ahora es definir el delito. Según ha podido saber GARA de fuentes judiciales, el chantaje se contempla en el Código Penal en el epígrafe de «amenazas condicionadas». Este tipo de proceso se resuelve con jurado popular.
El abogado de Cervera afirmó que el hecho de que el juez no haya ordenado de momento que se tome declaración al exdiputado es una buena señal. Según interpreta su defensa, la imputación es «simplemente el resultado de la solicitud de personación» en la causa.
Cervera fue detenido el pasado domingo cuando acudió a recoger el señuelo que dejó la Guardia Civil para atrapar a un chantajista. El dispositivo policial se preparó después de que el presidente de Caja Navarra recibiera un correo extorsionador indicando que debía colocar 25.000 euros en las murallas de Iruñea si quería evitar que se difundiera una presunta ilegalidad cometida tanto por él como por su hijo (ambos abogados) por quedarse con encargos judiciales de la caja.
El diputado apenas recibió apoyo de su partido tras ser pillado in fraganti. No obstante, ayer Soraya Sáenz de Santamaría expresó su «máximo respeto» hacia Cervera.
Comisión de investigación
Mientras, Bildu, NaBai e I-E registraron ayer una petición conjunta para que se abra una comisión de investigación en el Parlamento sobre Caja Navarra. Esta petición llegará a la Mesa de la Cámara este mismo lunes, puesto que se ha tramitado con urgencia. El motivo principal es que «durante los últimos años se han tomado una serie de decisiones que han llevado a la caja a la desaparición real y a la pérdida de su capacidad para realizar la función social y financiera para la que fue creada».
Esta petición coincide con un recrudecimiento del debate en torno a la entidad. Ayer, Manuel López Merino, expresidente de la CAMP (que fue absorbida por CAN en 2000), criticó duramente la gestión de Asiáin y de Enrique Goñi (director general de CAN) en los últimos años. «Hay que abrir una investigación porque han llevado la caja a pique», sostuvo López Merino.
La presidenta de UPN realizó un discurso dirigido a los suyos antes de que comenzara el último consejo político del partido previo a su IX Congreso. Yolanda Barcina aseguró que «el desprestigio de la clase política» será un reto que el partido debe plantearse en ese cónclave. A su juicio, esta mala imagen está haciendo que cobren fuerza «el extremismo y los oportunistas». Barcina se sigue postulando a sí misma y a su partido como el mejor dique de contención contra «el desafío nacionalista». La alternativa al Gobierno de UPN es «la coordinadora del no», como ella se refiere a los movimientos sociales que aglutina Herri Ekimena.
La presidenta no afronta un congreso tranquilo ya que, prácticamente, ha dado por hecho que habrá más de una candidatura que aspire a liderar la formación. La alternativa contará con el respaldo de «los corellanos», como se conoce al sector más afín a Miguel Sanz. La principal figura en activo de este grupo es Alberto Catalán, quien se sentaba ayer al lado de Barcina porque es el vicepresidente de UPN. Sanz sigue teniendo un cargo en la Ejecutiva, pero prefirió no acudir a la cita.
Barcina trató de apaciguar a su partido apelando, en varias ocasiones, a que todos son una «gran familia». No obstante, sus referencias a que UPN se ha caracterizado por la «unidad de personas distintas» y a que «la diversidad es el potencial de UPN» fueron recurrentes en su exposición.
La presidenta reconoce que necesita más «entendimiento» con otras formaciones para dar estabilidad a su Gobierno. Aun así, presentó la enmienda del Senado por la que recibirá más financiación estatal para el Canal de Navarra y el pacto sobre fiscalidad como la prueba de que no están solos. Y añadió que UPN necesitará «coraje para resistir» en esta nueva etapa. A.I.
Las versión de la presidenta, Yolanda Barcina, sobre el «caso Pejenaute» carece de base documental. La presidenta aseguró que tomó precauciones extraordinarias sobre Jesús Pejenaute antes de nombrarle consejero, debido a que conocía los cambios de billetes de 500. Barcina dijo que consultó a CAN justo antes del nombramiento para cerciorarse de que no había delito. Sin embargo, el Gobierno admitió ayer que «no existe» ningún informe de la caja a este respecto. Es decir, o fue una mera consulta oral o esa consulta no se realizó. De otra parte, el lunes se supo que la Policía no investigó el aviso que envió la CAN en 2007 sobre el presunto blanqueo.
