Los recortes sistemáticos que se están imponiendo desde el Gobierno de Madrid en servicios públicos «no han hecho más que empezar», a juicio de Arantxi Sarasola, responsable de LAB de la Federación de Servicios Públicos, y de Galder Pérez, responsable sectorial. Ambos presentaron ayer una serie de movilizaciones para hacer frente «al objetivo de desmantelar los servicios públicos, recortar los derechos laborales y eliminar el derecho de la sociedad a disponer de un servicio público, universal y gratuito».

A juicio de Sarasola «nos están llevando por el único camino que solo aquellos que tengan dinero podrán pagarse una serie de servicios». Por eso, LAB cree que se debe, precisamente, impulsar el sector público como motor de desarrollo económico.

Puso una serie de ejemplos, como «el empeoramiento de los ratios de trabajadores en la Educación; que se impide contratar sustituciones, que no se realizan ofertas públicas de empleo para renovar las plantillas o, entre otras, el incremento de la jornada laboral y la imposición del impago de la paga extraordinaria». En este tema, Sarasola dijo que el problema tiene que ver con «la voluntad política, porque el marco jurídico actual está agotado».

La secretaria de la Federación de Servicios Públicos tendió la mano a los agentes sociales, sindicales, políticos e institucionales «para lograr un acuerdo de mínimos para avanzar en el cambio de la voluntad política privatizadora y para avanzar en el camino de la soberanía de Euskal Herria». Porque LAB sostiene que los conflictos que han surgido con las pagas extraordinarias son «de dimensión mediática y parcial».

A juicio de Sarasola se debe avanzar en «un diagnóstico y en una estrategia integral para el reforzamiento de los servicios públicos». Porque, «están destruyendo empleo y perjudicando las condiciones laborales y salariales. Eso llevará a un empeoramiento de los servicios. Es lo que quieren para justificar esa privatización».

Galder Pérez reconoció, por otro lado, que tanto sobre los presupuestos de Nafarroa y de la CAV, «se desconoce todo, salvo que quieren adelgazar el sector en un 20%», supondrán «un futuro muy oscuro para el sector público». LAB ha convocado movilizaciones para el 19 de diciembre en las capitales vascas y en los colegios e ikastolas. El día 20 habrá una marcha en Bilbo desde el Ayuntamiento a Diputación. Y en enero, protestas comarcales.