Ordizia y Bilbo fueron ayer testigo de la situación de alarma que sigue generando la problemática de los desahucios. Ante las sedes de Kutxabank de ambas localidades dieron a conocer dos procesos de desahucio que tienen fijada como fecha de ejecución el lunes. La plataforma Stop Desahucios exigió a la entidad que cumpla su palabra y paralice este drama.

Ante la sede de Kutxa ubicada al lado de la plaza de Ordizia un centenar de personas se congregaron para pedir a la entidad que ponga fin a esta problemática que afecta cada vez a más familias de Goierri. El caso más próximo es el de unos vecinos de Ordizia que tienen fijada la fecha de desahucio el próximo lunes. La plataforma Stop Desahucios está haciendo todo lo posible para paralizar el proceso aunque de momento no se sabe si los trámites tendrán resultado. Ayer mismo, el alcalde de Ordizia mantuvo una reunión con representantes de Kutxa para intentar llegar a un acuerdo.

Además de éste, la plataforma informó de que hay otros dos casos pendientes para febrero en esta misma localidad. Apuntó que a pesar de que Goierri es una comarca pequeña, la problemática de los desahucios se está multiplicando. En lo que va de año son más de 70 los desahucios que se han ejecutado, según informaron. Por ello, hicieron un llamamiento a las instituciones a comprometerse con esta causa y se planten ante Kutxabank para exigir la dación en pago y el alquiler social.

Ante Kutxabank en Bilbo

En Bilbo, Elena Cardona, de 38 años, divorciada y con dos hijas de 16 y 19 años, pidió a las puertas de Kutxabank en Bilbo la paralización del desahucio de su vivienda en Medina de Pomar (Burgos), que saldrá a subasta este lunes en el juzgado de Villarcayo. Esta mujer estuvo ayer arropada por los colectivos sociales de Bizkaia, representantes de LAB, de Bildu y de la izquierda abertzale, que demandaron a Kutxabank que ponga fin «al desastre social que está provocando con los desahucios».

También pidieron a Mario Fernández, presidente de la entidad, que garantice los dos años sin realizar desahucios como se comprometió a comienzos de noviembre, pero «que ha incumplido». Entre las diferentes consignas en contra de los desahucios y de la política de Kutxabank se escucharon gritos de «los banqueros se forran a cuenta del obrero».

La afectada explicó que no puede hacer frente al crédito hipotecario de 95.000 euros suscrito con la BBK de Berango (Bizkaia). Según informó, compró su vivienda en Medina de Pomar, a pesar de trabajar en Bilbo, «por ser el sitio más económico», pero «cambió mi situación laboral y es imposible hacerme cargo de la hipoteca», concretó.

Insistió en que ha intentado en varias ocasiones establecer una interlocución con la entidad, pero que «no ha sido posible, porque se han cerrado en banda». Su deseo es «entregar la vivienda en dación de pago, ya que mi situación laboral no ha cambiado».

El problema de este desahucio está en que «unos primos de Alicante actuaron de avalistas, ya que el crédito concedido fue de 95.000 euros, pero me reclaman 99.749 euros y van a ir a por el piso de mis primos, lo que yo no quiero permitir», dijo.

Victor Villares, de la plataforma Berri-Otxoak, recordó que Kutxabank acordó la demora durante dos años de los casos de desahucio, «pero no lo está llevando a cabo», por lo que exigió al banco que «cumpla lo que promete». Explicó que «Kutxabank, que debería tener un fin social por ser una caja, está gobernada por consejeros políticos y lo que está haciendo es vulnerar derechos llevando a la ruina a dos familias». Afirmó que la afectada «ha intentado negociar, pero le han dicho que su caso no entra en los dos años de demora y no han querido dar ninguna explicación».

Emplazamiento a Diputación

Por otro lado, Irune Soto, portavoz de Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia, declaró que «es inaceptable que ante el ataque que vivimos contra los derechos fundamentales de la población la Diputación Foral no tome ninguna medida».

«Le exigimos al diputado general, José Luis Bilbao, que por medio de los representantes que la Diputación tiene en Kutxabank haga todo lo que esté en su mano para detener los desahucios y que ponga en marcha políticas para garantizar el derecho a la vivienda», sentenció Soto. Propuso, por ejemplo, que tendría que ofrecer en alquiler social las viviendas vacías que ha dejado el Plan Foral de Vivienda.