Acéptese como hipótesis de trabajo que lo único que importa en este momento a la mayoría de la sociedad vasca es la cuestión económica. Así lo defienden quienes separan de modo dicotómico la cuestión nacional y la social, o simplemente aquellos para los que lo importante es que no se hable de los derechos políticos y civiles que se vetan a este país y a sus habitantes, para lo que cualquier excusa es válida. Desde otros parámetros políticos, así lo ha defendido también el ya lehendakari Iñigo Urkullu. Resulta una visión un tanto pobre, en la medida en que en el ser humano suelen convivir más de una preocupación. La mayoría de la gente es capaz, bien o mal, siquiera como lógica aspiración, de gestionarlas todas ellas; entre otras cosas, porque las cuestiones a las que se enfrentan las personas en nuestras sociedades están interrelacionadas, no aisladas. Pero asumamos que en este momento la prioridad es la crisis en su vertiente puramente económica. De ser así, ¿qué deberían hacer los políticos vascos para atender esa prioridad, aquí y ahora?

En principio, cabe pensar que la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de subsanar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los empleados públicos como consecuencia del decreto del Gobierno del PP que recorta unilateralmente un 7% de sus salarios va en esa línea. También en principio, todos los grupos políticos vascos a excepción del PP están en contra de esa medida y defienden, por un lado, que la situación económica vasca permite no aplicar esa norma y, por otro, que la potestad para tomar esta decisión corresponde a las instituciones vascas, sea en nombre del autogobierno, de la autonomía institucional o directamente de la soberanía. Retomando la pregunta, y en respuesta a las prioridades que los políticos consideran que tienen sus representados, ¿qué deberían hacer los políticos vascos, lo que ha hecho el gobierno foral de Bildu o recular, como ha hecho el Gobierno en funciones de Gasteiz? Llendo más allá, ¿qué debería hacer ahora Iñigo Urkullu? ¿Qué hará?

Defender a la ciudadanía

Porque detrás de estas cuestiones económicas, sin duda prioritarias, aparecen también concepciones políticas relevantes. Mientras unos plantean poder decidir sobre su propio futuro, otros plantean decidir sobre el futuro de los demás. Es decir, mientras vascos y catalanes quieren decidir qué es lo que quieren para sus respectivas sociedades y cómo quieren lograrlo, los mandatarios españoles quieren decidir sobre el futuro de... los vascos y los catalanes. Y esto sirve lo mismo para los salarios de los funcionarios que para el currículum escolar o para el marco jurídico-político.

Frente a esa pretensión de imposición, a esa lógica antidemocrática, los representantes políticos deben defender a su ciudadanía, sea a través de la negociación, de los márgenes económicos y legales, de la desobediencia o del enfrentamiento democrático. Y deben apoyarse en una sociedad civil que, tanto en Catalunya como en Euskal Herria, en cada caso de manera singular, es plural y dinámica.

Otro elemento crucial es que sean capaces de actuar en clave de futuro, sin eludir responsabilidades pero concentrándose en mirar adelante, dado que los acuerdos que puedan lograr marcarán las próximas décadas. Vivienda, Educación, Sanidad, fiscalidad, ordenación territorial, sistema financiero, sistema audiovisual, medioambiente... son muchos los ámbitos en los que se pueden y se deben dar acuerdos en el marco vasco, incluso ciñéndose solo a la economía y a la crisis. Pero es evidente que los parámetros de esos acuerdos, si de verdad quieren responder a lo que esta sociedad desea y necesita, serán radicalmente distintos a los dictados por Madrid. Toda estrategia ha de tener esto en cuenta y deberá adelantarse a ello integrándolo en los posibles acuerdos. Aquí y ahora, bienestar y soberanía van de la mano, igual que lo van empobrecimiento e imposición.

Tampoco se puede hacer esperar a la paz

Hace mal el PNV en contraprogramar frente a las iniciativas que, desde el ámbito internacional y de la mano de organismos vascos, intentan avanzar en la consecución de una paz justa y duradera para este país. El protagonismo de los jelkides está garantizado por su fortaleza política, que se debilita cuando la contrapone a iniciativas como la de Lokarri o la de Baiona. Minusvalorarlas solo levanta un halo de sospecha que no tardará en volverse en su contra. De igual modo que otros hace mucho que entendieron que no se podía esperar a la paz para avanzar en otros ámbitos, nadie en este momento puede hacer esperar a la paz. Ni dentro ni fuera de los Parlamentos.

Ayer, mientras en Gernika Urkullu juraba su cargo, en Baiona expertos internacionales y representantes políticos vascos volvían a recordar las cosas más básicas para la resolución de un conflicto político. Cabía haber esperado que ambos actos no chocasen en el tiempo. Pero, sobre todo, lo que cabe esperar es que no se entiendan como actos enfrentados, sino como elementos para la suma en un momento histórico para Euskal Herria. Las falsas dicotomías -social versus nacional; política institucional versus popular o «extraparlamentaria»- no se corresponden con la realidad, sino con intereses.