El presidente de Castilla y León presiona para que no se cierre Garoña
A expensas de que se aclare si la parada programada para hoy a medianoche de la central nuclear de Garoña es la última, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, denunció ayer que el cierre de la planta «sería un gran error y un enorme perjuicio».
GARA | GASTEIZ
La petición de Garoña de parar hoy su reactor a las 00.00 abre un nuevo episodio de duda sobre el futuro de la nuclear burgalesa, pero no presupone su cierre definitivo sino, básicamente, un modo de evitar impuestos. La parada programada servirá para vaciar el combustible del reactor y depositarlo en la piscina de almacenamiento.
El motivo de esta actuación es la ley de medidas fiscales en materia medioambiental y de sostenibilidad energética -en trámite parlamentario-, que prevé gravar a partir del 1 de enero la producción y almacenamiento de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear. Nuclenor, la propietaria de Garoña, calcula que este impuesto les supondría unos 150 millones de euros.
El pasado jueves, el Senado aprobó la nueva tasa; la duda por solventar ahora es qué pasará la próxima semana en el Congreso de los Diputados.
Fuentes de Nuclenor aseguraron a Efe que todavía no tienen tomada la decisión de parar -la solicitud de una parada no implica que se ejecute obligatoriamente- y la nuclear sigue funcionando al 100 %, mientras se estudia cuándo y cómo sacar el combustible del reactor. Además, insistieron en que esta parada no tiene necesariamente que significar el cierre de la planta antes del 6 de julio de 2013, momento en el que expira su autorización de explotación, porque se podría tomar la decisión de volver a arrancarla antes de esa fecha.
Ayer, precisamente, el presidente del comité de empresa de la planta desveló que el cierre es «técnicamente reversible», aunque la empresa propietaria les advirtió de que si se mantienen las tasas que se tramitan, la clausura será definitiva.
El presidente del comité de empresa dijo que el cierre es «técnicamente reversible», aunque condicionado por las nuevas tasas del Gobierno español.