«Tal y como estaba programado, a las 22.57 horas del día de ayer, 16 de diciembre, la central nuclear de Santa María de Garoña se ha desacoplado de la red eléctrica». Así arrancaba la nota de prensa emitida este lunes por Nuclenor para confirmar el parón de la vieja planta.

La compañía participada al 50% por Endesa e Iberdrola ha movido ficha en la carrera por condicionar la decisión del Congreso español respecto al proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que prevé gravar con 2.190 euros cada kilogramo de combustible nuclear gastado.

La Cámara Baja se reunirá este jueves y Nuclenor ha advertido que, si se mantiene la propuesta legal en sus actuales líneas maestras, comenzará a desmontar definitivamente la central de Garoña, sin esperar a que el próximo 6 de julio venza la autorización vigente.

Tras el parón del domingo, se necesitará un plazo de tres o cuatro días de espera antes de comenzar a trasladar el combustible radiactivo a la piscina de almacenamiento.

«El cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertirse, si no se acabase promulgando la ley o si, una vez promulgada, las condiciones impuestas variasen sustancialmente respecto del proyecto de ley actualmente en trámite», aseguraba la compañía eléctrica el pasado viernes. Se puede decir más alto pero no más claro.

Nuclenor ha cuantificado en 153 millones de euros la cantidad que tendría que pagar si entrasen en vigor las nuevas tasas. A ello se suma otra importante cantidad -entre 120 y 150 millones, según las fuentes- que necesitaría invertir en medidas de seguridad implementadas tras el accidente de la central japonesa de Fukushima. En total, cerca de 300 millones para un periodo de funcionamiento de seis meses.

De 40 a 60 años

Con estas cifras, no falta quien considera que la central burgalesa -la planta más vieja y más pequeña del Estado- es un mero peón sacrificable en esta partida entre las compañías eléctricas y el Gobierno del PP.

El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, considera que «lo que oculta Garoña es una negociación soterrada en la cual el proceso negociador es que las empresas eléctricas acepten los nuevos impuestos a cambio de que el Gobierno les permita alargar hasta los 60 años la vida de las centrales», en lugar de los cuarenta años actuales.

A su juicio, Garoña ha hecho aflorar los costes reales de la tecnología nuclear ya que, en el momento en que se pretende que las empresas asuman los costes, afirman que el negocio no es rentable: «Han hecho un reconocimiento explícito de que la energía nuclear ha sido viable gracias a que se socializaba buena parte de sus costes».

Por su parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no duda en situar la pelota en el tejado de Nuclenor. Su delegado en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, calificó ayer de «errónea» la decisión de la empresa.

En cuanto a la posibilidad de poner en marcha un plan de reindustrialización en la zona, señaló que «la empresa tendrá que asumir las consecuencias del cierre, y las administraciones también tendrán que buscar alternativas para que esa y otras zonas afectadas por la crisis económica puedan tener viabilidad económica».

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Fernando Escobillas, se mostró «especialmente preocupado» por las empresas que dependen de Garoña, puesto que en su opinión cuentan con menor cobertura que las personas que trabajan en la central.

Desde las formaciones ecologistas, Greenpeace reclamó al Gobierno español que no ceda ante el «chantaje» de Nuclenor, mientras que Ecologistas en Acción insistió en que el cierre se debe a razones técnicas, en referencia a la posibilidad de sufrir continuas averías.