El Gobierno de Rajoy baraja la posibilidad de conceder el permiso de residencia para aquellos inmigrantes que compren una vivienda valorada en más de 160.000 euros.

Se trata de una medida muy grave que cuenta con un solo objetivo: «reducir el stock de viviendas» para agradar exclusivamente al sector inmobiliario y financiero que tanto tiene que ver con esta crisis.

Así, las consecuencias de esta propuesta atentan contra los elementos más básicos de una democracia y del derecho a la ciudadanía, ya que subordinan principios de igualdad a la renta de las personas. Desahucios para los que menos recursos tienen y permisos de residencia para los que dispongan de dinero.

Dicho de otra manera, el problema no es de inmigración, sino de clase. El Gobierno, en coherencia con su política institucional, lo que hace es distinguir entre pobres y ricos.

A esta política de desahucios hay que unir el impacto que las reformas (sistema sanitario, tarjeta, copago farmacéutico, la reforma laboral, subida del IVA...) tienen en un colectivo sin una red familiar y social a la que poder acudir para mitigar el impacto de la crisis. Desde hace más de una década, las pocas opciones laborales para la mayoría de la gente inmigrante han sido trabajos de bajo perfil que ahora o están desapareciendo o se han precarizado aún más sus condiciones laborales.

El efecto son las altas tasas de paro, que derivan frecuentemente en retornos «voluntarios» o en el incremento de la «clandestinidad» a la espera de que cambie la situación. Si a eso se le suma una inexistente política que combata la exclusión y la pobreza, lo que se está haciendo es generar las condiciones para la extensión de la xenofobia.

Es algo que crece silenciosamente hasta que se expresa con toda su crudeza, como vemos en países como Grecia. Es otra de las consecuencias de la política de recortes y austeridad que pretende que los pobres se enfrenten entre ellos y ellas para desviar el debate social y político.

Con todo esto, ELA exige a los gobiernos un trato a las personas inmigrantes desde el principio de igualdad y justicia social. Mediante un nuevo marco jurídico que garantice plenos derechos a todas las personas en igualdad ante la ley.

Con el objetivo de reflexionar sobre las razones que llevan a propiciar los estereotipos contra las personas inmigrantes y en la cercanía de la fecha del día internacional por los derechos de las personas migrantes trabajadoras, ELA realizó un acto el pasado 14 de diciembre, saliendo a la calle para recordar que por encima de todas las diferencias nos une nuestra condición de trabajadores y nuestra exigencia por una sociedad mejor.