Cada vez más gente se plantea esa pregunta porque mientras en Ipar Euskal Herria las posturas que se visualizan reflejan una voluntad y un compromiso declarado para avanzar en esa senda compleja, en el sur los principales partidos de ámbito estatal y UPN mantienen, cada cual a su nivel, una posición de cerrazón o inmovilismo manifiesta. Si a ello se añade la exigua implicación de PNV y de algunos sindicatos mayoritarios, incluido ELA, la fotografía resultante es que en el norte hay una dinámica más potente a la hora de impulsar el proceso de paz.

Sin desmerecer el gran avance dado, en particular en las relaciones entre determinados responsables y electos, conviene, sin embargo, no caer en comparaciones simplistas y detenerse a examinar lo sucedido en estos últimos dos años en Ipar Euskal Herria, donde la manera de abordar ciertas cuestiones espinosas, presentes desde hace mucho en el panorama político, ha cambiado sustancialmente.

Visto desde el aspecto represivo, el ingente trabajo realizado por movimientos sociales como Askatasuna ha conseguido, poco a poco, aunar fuerzas aferrándose a la defensa de los derechos más elementales. El caso de Aurore Martin ha sido el colofón de un largo camino que se llevaba años recorriendo en torno a las entregas y a la euroorden, pero también ha habido un trabajo de denuncia y concienciación enorme al hilo de las detenciones masivas, sobre todo de jóvenes, o la situación de los presos.

Paralelamente, el movimiento abertzale ha sabido adecuar su estrategia y dar pasos para superar diferencias seculares, lo que les ha convertido en una fuerza política imposible de soslayar. No solo eso; los esfuerzos para amoldarse a otras dinámicas (la de la plataforma Batera o la del Consejo de Desarrollo, por ejemplo) han tenido como resultado un consenso inédito en Ipar Euskal Herria respecto a la fórmula a presentar a París para el reconocimiento institucional del territorio vasco.

Son pasos que han permitido superar el desencuentro entre mundos que no se conocían y que han suscitado una evolución de los principales partidos (PS, UMP, MoDem) respecto al «conflicto vasco» -si no a nivel oficial, sí en relevantes figuras y electos- que era impensable hace tan solo un par de años. Los importantes cambios dados en ese periodo (Aiete, cese de la lucha armada de ETA...) y también en el propio Estado francés (reforma territorial, llegada del PS al poder) han propiciado un clima político en el que hasta los electos más reacios a abordar las cuestiones que con más insistencia se plantean en la agenda vasca no pueden sortear.

Además, hay otros factores propios que no se dan en los territorios del sur. Quizás el más importante es que, salvo entre los abertzales, en general las consecuencias del conflicto violento no han sido sentidas tan directamente por muchos de los electos y agentes sociales o sindicales como ha podido ocurrir en Hego Euskal Herria.

Las perspectivas políticas de ciertos electos que tienen sus miras futuras puestas en el terreno local y el peso de una cultura democrática que consideran asumida por todos son ingredientes a añadir en la cesta de esta situación específica.

Ahora bien, todo hay que decirlo y el senador centrista y presidente del Consejo de Electos, Jean-Jacques Lasserre, insistió en ello en el foro de Baiona: queda por hacer un trabajo de socialización muy considerable en el seno de la propia sociedad de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa para conseguir que se involucre tanto en el proceso de resolución como en la demanda de una colectividad específica. Bien es cierto que las cosas se están moviendo también en ese aspecto (basta con ver las importantes movilizaciones) pero, como subrayaron el propio Lasserre y la senadora socialista Frédérique Espagnac, «los políticos solos no lograremos mover a París ni a nuestros respectivos partidos».

Hasta hace bien poco era inimaginable que se hicieran públicas afirmaciones como esa o la realizada por Max Brisson (consejero general y secretario departamental de la UMP) apuntando a las dificultades para lograr que los gobiernos de París «jacobinos y centralistas, sean del signo político que sean» acometan el camino racional de la solución dialogada o, incluso, la del portavoz verde Jean Lissar, que hablaba de «subcontrata» al referirse a la supeditación del Gobierno francés a la política de Madrid.

Es probable que sean más llamativas las reacciones de «republicanos de siempre», que no entienden que una ciudadana «francesa» (Aurore Martin) sea entregada a Madrid por motivos políticos y a quienes se les empieza a hacer indigesta la habitual receta de negación del Estado hacia las reivindicaciones de Ipar Euskal Herria, a pesar de que el menú concertado con la mayoría de electos vascos y apoyado por las fuerzas vivas de la sociedad civil haya sido preparado con ingredientes de la propia legislación de la République.

Sea como fuere, los electos implicados en el proceso han sido capaces de converger en unos mínimos y empezar a andar el camino para la resolución de un conflicto en el que, aseguran, el Estado francés está involucrado hasta la médula. Lo hacen con un enfoque constructivo y voluntarioso, conscientes de que tienen enfrente a sus partidos y a un aparato estatal a los que habrá que empujar mucho para sacarlos del empecinamiento en el que están enfangados.