A quien iba a estrenarse como lehendakari le esperaban, en los pasillos de la Cámara, sus jubilosos compañeros de partido. En la calle, lejos de la alegría jeltzale, denuncias y reivindicaciones retrataban los efectos de una devastadora política social, laboral, económica, mediombiental... y penitenciaria.

Dos miembros de Etxerat entregaron una carta a Urkullu. Apenas dos folios en los que, sobre nombres y números, parpadean luces rojas: 607, 13, 80, 40, Izaro Arruarte, Enara Rodríguez. Presas y presos políticos vascos, enfermedades graves e incurables, cadenas perpetuas; familiares accidentados a lo largo del año, acoso y agresiones. No hacían falta muchas líneas, ni era necesaria más literatura para señalar y recordar al lehendakari los trazos inequívocos de una política de excepción dirigida desde la crueldad hacia la venganza. Luces rojas sobre una situación sangrante que ninguno de sus antecesores en el cargo ha querido detener y sobre la que su partido tiene una acentuada responsabilidad, por mucho que intente sacudírsela ensayando equidistancias.

A la proverbial debilidad de Patxi López debemos el hecho de que continúe activo y se haya fortalecido el marco de amenaza y sufrimiento que encierra, dentro y fuera de las prisiones, a miles de ciudadanos vascos. A la utilización perversa del colectivo de presos para bloquear el proceso de paz debemos el alarmante endurecimiento de una política penitenciaria que decide sobre sus vidas y las de sus familiares. Iñigo Urkullu se hace cargo de una triste herencia. Solo queda saber si, junto con los parabienes por el cargo asumido, asume la responsabilidad de darle solución o la grave irresponsabilidad de darle continuidad.