Las nuevas tasas judiciales decretadas por el Gobierno español comenzaron a aplicarse ayer, mientras el personal de la Administración de Justicia, con el apoyo de asociaciones de consumidores, se concentró frente a las audiencias en Iruñea y Bilbo.

Asimismo, han iniciado una recogida de firmas en todo el Estado español hasta el 15 de enero contra estas nuevas tasas.

El presidente de la comisión de personal de la Administración de Justicia en Nafarroa, Ramón Alvaré, señaló que estas tasas son «injustas para la sociedad, ya que a partir de ahora cualquier ciudadano que quiera pleitear tendrá que pagar dinero salvo que sea pobre de solemnidad».

Las nuevas tasas establecen que para que una comunidad de vecinos pueda reclamar una deuda de 2.100 euros tendrá que abonar 921 euros o que para recurrir una multa de cien euros haya que pagar 200 en tasas.

Para iniciar los trámites de un divorcio habrá que abonar 1.280 euros, además del 0,5% de los bienes en común de la pareja, mientras que una reclamación por una negligencia en un parto que solicite una indemnización de 600.000 euros tendrá unas tasas de 11.300 euros si el caso llega al Tribunal Supremo.

El Parlamento navarro aprobó ayer una declaración para mostrar su rechazo a estas tasas con los votos de UPN, PSN, Bildu, NaBai e I-E. El PP fue el único grupo que votó en contra.