El ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria, expuso ayer con meridiana claridad la postura de su Gobierno respecto al posible cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. El Ejecutivo de Rajoy, dijo Soria, no desea que la planta burgalesa baje la persiana, pero tampoco la mantendrá abierta «por decreto».

El ministro compareció en el Senado 48 horas antes de que el Congreso debata mañana el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. La empresa propietaria de la central, Nuclenor, calcula que con esos nuevos tributos tendría que abonar 153 millones de euros, por lo que ha planteado que o se cambia el proyecto normativo o se cierra Garoña.

Soria apuntó que el Gobierno de Rajoy no puede aprobar «en contra del criterio de la empresa propietaria» un documento «en el que se diga que por decreto Garoña tiene que estar abierto».

Ander Gil, senador del PSOE por Burgos, acusó al Ejecutivo de «perdonar los impuestos a los ricos» y a Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor, de «forrarse desde hace décadas con la central nuclear». Soria negó que se contemple condonar el pago de impuestos a las empresas eléctricas.

«Amortizada desde hace años»

Unas horas antes, entrevistado por una cadena televisiva, Soria remarcó que según los cálculos de la propia empresa los costes en caso de continuar hasta julio serían inferiores al lucro cesante, que es el beneficio que se calcula obtener.

«Cuando el Gobierno anterior decidió que el cierre fuera en 2013 y no en 2019, la propia empresa presentó un recurso ante la Audiencia Nacional en el que indicaba que cerrar en 2013 y no en 2019 produce un lucro cesante de 400 millones. Si usted suma los nuevos impuestos más la inversión adicional, está por debajo de esos 400 millones de lucro cesante», explicó.

El ministro indicó que será la compañía la que tenga que dar explicaciones a sus accionistas y trabajadores, y añadió que la central de Garoña está «amortizada desde hace años».