El director general de la Hacienda foral de Bizkaia, Félix Ayarza, ofreció estos datos en el transcurso de una jornada titulada «La empresa y el cierre fiscal de 2012. Novedades y aplicación práctica», organizada en Bilbo por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Según informaron fuentes de la Hacienda vizcaina, la mayoría de las solicitudes de aplazamiento de las obligaciones tributarias están formuladas por empresas.

En su intervención, Ayarza destacó el distinto carácter que tienen los aplazamientos solicitados en el último año en relación a 2008, en un contexto de difícil acceso a la financiación.

Según dijo, «cuando esas peticiones vienen a Hacienda, no tienen garantías de nada. El banco ni se pone al teléfono».

El director de la Hacienda de Bizkaia reconoció que se viven «momentos complicados» en materia económica, de «gran incertidumbre», y señaló que después de que la Diputación haya tomado medidas de recorte del gasto público, «poco se puede hacer» por ese lado y «toca atacar la parte del ingreso», lo que afecta «al bolsillo de todos».

Ayarza hizo un repaso por las «muchas» medidas tributarias tomadas por la Diputación desde el verano, algunas de ellas ya publicadas y otras en proyecto para su aplicación en 2013.

Entre ellas, explicó que está prevista la aprobación esta semana por decreto foral de una nueva norma para la actualización de balances de empresas con un costo del 5%, así como la normativa que gravará con un 20% los premios de lotería a partir del año que viene.

En tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia se encuentra la futura norma de medidas contra el fraude fiscal, que entre otras cuestiones, duplica las sanciones por fraude y limita los gastos deducibles por las empresas en materia de representación -«ha habido mucho abuso en esto por parte de mucha gente», dijo- o aquellos relacionados con el transporte.

Dentro de la lucha contra el fraude fiscal, el director de Hacienda citó la medida planteada para promover la declaración de los bienes que los vizcainos puedan tener en el extranjero y animó a los afectados a cumplir con esta obligación.

Advirtió que en caso contrario el perjuicio económico para quien no lo haga va a ser «importante», ya que «será considerado como incremento patrimonial no justificado y el régimen sancionador es tremendo».