¿Por qué os han despedido de la residencia de ancianos de Miraflores en Bilbo que la gestiona la empresa Sarquavitae?

AINHOA DIZ: Antes pertenecimos a Mapfre y tuvimos bastantes problemas. No entendían que la representación sindical se preocupara por otros temas que no fueran la firma de contratos sin decir nada. Al final de 4 o 5 años llegamos a un entendimiento. Nos respetaban, pero porque metimos denuncias en Inspección de Trabajo y en la Diputación foral de Bizkaia.

JENIFER SERRANO: En agosto de 2011, sin embargo, pasamos a manos de Sarquavitae. El presidente nos dijo que por las buenas se cumpliría el convenio, pero que a las malas, tenían muchísimos abogados. Así empezó nuestro camino fatal.

No ha sido un camino de rosas

A.D.: No. Porque al de un mes, después de decirnos que nos iban a tener en cuenta, empezaron a saltarse las comunicaciones. Nos obligaron a ir a la Inspección de Trabajo.

¿La llegada de esta gran empresa privada ha supuesto una bajada de la calidad?

J.S.: Bajó la calidad asistencial, porque empezaron a hacer recortes, desde la bollería, pasando por la comida y hasta en esponjas. Esta residencia se caracterizaba porque duchaba todos los días a los ancianos y ahora es de forma alterna o «depende». También comenzaron a contratar jornadas a tiempo parcial, sin mucho sentido.

¿A qué se debe?

A.D.: Lo desconocemos. Será para ahorrarse dinero y marcar unas relaciones laborales precarias. Trabajábamos a tres turnos: mañana, tarde y noche. Nos empezaron a fraccionar y chantajear. A nosotras nos impusieron el turno de mañana. A mi y a Maite Aranguren, que presidía el comité y que fue despedida en julio, nos pusieron en sicogeriátrica. Estábamos confinadas. Era la planta de demencia y de fuerte carga física. Advertimos que había una serie de deficiencias que para el anciano no eran buenas. Lo que se rompía no se sustituía. Al final denunciamos en la inspección de Diputación de Bizkaia, que es quien tiene el control sobre la residencia. Tras la investigación llegó el cierre de la planta, porque, como habíamos dicho, no reunía las condiciones adecuadas en todas las áreas.

¿En qué se basan?

A.D.: Se levantaba a los ancianos a las 6:30 y 7:00. Se les dejaba sentados. Permanecían sin supervisión. Tras nuestra denuncia, Diputación envió a comprobar la planta y la cerraron. Nos han dicho que la abrirán de nuevo. Que la han pintado, pero las carencias siguen igual. Tras esa situación, en un encuentro con el responsable de la empresa, Iñaki Isasi, en la Inspección de Trabajo, quedó claro que íbamos a comenzar una relación fluida, pero fue otro espejismo. Nos presionaron y, al final, Maite Aranguren fue despedida en julio. Jenifer Serrano entró en julio y continuamos con nuestro trabajo sindical de apoyo a las trabajadoras y a que las condiciones de vida de los residentes sean buenas, pero a los gestores de Sarquavitae no les agrada que realicemos esa labor. No nos callarán. Nos prefiere calladitas y con los brazos cruzados, pero no es así.

¿Qué dice la Diputación de Bizkaia ante estos hechos?

J.S.: El inspector vio muchísimas negligencias, pero como no están legisladas nos dijo que no podían considerarse fallos. La Diputación tiene muchísima responsabilidad en lo que está pasando en la residencia.

¿Cuántos residentes hay y cuántas trabajadoras sois?

A.D.: Fluctúa mucho, porque se reciben ingresos del Hospital de Basurto, pero rondan las 100 personas y estamos 68 trabajadoras, después de que subrogaron al personal de la cocina y contrataron al personal limpieza. Los residentes pagan entre 1.900 a 2.500 euros al mes, y la Seguridad Social corre a cargo de los medicamentos, dodotis, etc. Sarquavitae solo debe garantizar un cuidado mínimo asistencial que, en muchas ocasiones, no existe.

¿Creen que están haciendo un mal uso con pacientes y con las trabajadoras en esa residencia?

A.D.: Nos acusan de una mala praxis, pero son ellos lo que están haciéndolo mal. Porque están recortando en lo esencial: comida, cuidado e higiene, además no respetan ni sus propias pautas. Ese es el problema. Detectamos que manipulan los registros, y pedimos que se nos tuviera en cuenta cuando se realizasen esas evaluaciones, pero se negaron. El día que les dimos el ultimátum y que nos íbamos a reunir, nos esperaron a las 8:00 de la mañana y nos despidieron. Justo cuando había que negociar, además, las nuevas condiciones de trabajo, los horarios y la formación, que nos obligan a hacerla en días libres o festivos.

J.S.: Nos han expulsado por uso indebido, manifiesto y abusivo del crédito sindical. Nos pusieron detectives privados. Antes que a nosotras echaron a otras cuatro compañeras y la presidenta del comité, también de LAB.

¿Han presentado una demanda judicial?

A.D.: Sí. Pedimos la readmisión, porque las siete que hemos ido a la calle somos fijas, con contrato a tiempo completo. Han precarizado las condiciones de trabajo y por eso no quieren que nadie les controle. Este es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando se privatizan los servicios de carácter público y esenciales.