Han transcurrido las elecciones al Parlamento catalán con aparente normalidad y ausencia de graves incidentes. Y, sin embargo, de puntillas y con alevosía, se ha colado un hecho que juzgamos gravísimo y de potenciales efectos dañinos para cualquier evento electoral del futuro. Nos referimos a la aparición, en los últimos días de la campaña de un documento anónimo filtrado por el diario madrileño «El Mundo».

En el mismo, sin fecha ni firma, ni menos requerimiento judicial alguno, se involucraba en la corrupción al uso a la familias Pujol y Mas, en el nivel denunciado en este último supuesto, se hacía una velada y maligna relación con el actual presidente de la Generalitat. Insistimos: el citado documento no tenía ni padre, ni fecha ni firma conocida; era, sin embargo, un infundio ligado en su origen a alguna trama policial, aunque esta filiación no estaba en manera alguna clara. Curiosamente, cuando un juez catalán abre diligencias contra el medio que publicó el panfleto, con apoyo del propio fiscal del máximo órgano judicial de Cataluña, el fiscal general del Estado, señor Torres Dulce, recrimina tal postura de «su» fiscal, avalando de tal modo el propio documento, aunque de forma indirecta.

¿Qué dice la clase política ante esta situación? Dos niveles son detectables: el pleno apoyo al documento de marras exigiendo que se investigue sobre el fondo de sus veladas y gravísimas acusaciones, incriminando por lo tanto al propio Artur Mas. Otra, más matizada, que expresa que no se pueden tener cuentas en el extranjero (Suiza, etc.), reconociendo así las tesis del documento anónimo (véase manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno español). Una y otra participan en la «guerra sucia» contra un ciudadano molesto, en maniobra repetida de los insultos proferidos en similares circunstancias al lehendakari Ibarretxe.

Ambas posiciones, coincidentes en su feroz ataque a uno de los partidos políticos contendientes en los momentos epigonales de la campaña electoral, se basan en la «verosimilitud» de un panfleto urdido en desconocidas covachuelas, al parecer, eso sí, conectadas con algún instrumento policial. La manipulación, incluso la falsedad, de sus insinuaciones no ha sido óbice para que fuera citado con reiteración en los mítines y escritos de esos últimos días electorales. Como secuela y consecuencia, se exigía que los arteramente aludidos en ese escrito anónimo demuestren su no culpabilidad, invirtiendo la carga de la prueba. En la España del PP todos somos culpables hasta que no demostremos palpablemente nuestra inocencia.

Transcurridas las elecciones, las aguas han vuelto a su cauce normal: el documento se ha reconocido como apócrifo y falso y la justicia sigue su curso; el propio fiscal general del Estado ha alabado a su equiparable catalán. No obstante, la enseñanza para el futuro es evidente: ¿quién nos negará que ante un «candidato molesto» para el poder político, no vuelva a repetirse la maniobra y aparezca un nuevo documento, sin fecha ni firma, que proclama las «maldades» de dicho candidato? Que con posterioridad se demuestre la falsedad del infundio no habrá impedido que sus efectos nocivos -véase además su amplia publicidad- repercutan en la normalidad democrática del proceso electoral.

Por eso es fundamental la intervención de la justicia. La sentencia pertinente tiene que ser ejemplarmente dura y clarificadora, impidiéndose así o poniendo muy cara que la operación tenga repercusiones futuras. Por su parte, la clase política contemporizadora con tales siniestras prácticas debe ser castigada, so pena de generalizar la corrupción sistemática. La vida política española se resentirá, de otro modo, hasta extremos inauditos, viciándose de raíz todo proceso electoral.

Dos últimas constataciones:

1. la conjunción mediático-partidista de base madrileña ha demostrado, una vez más, su feroz rostro frente a los nacionalistas «periféricos» contra los cuales «todo vale» y todo medio es lícito.

2. Quienes han declarado la Constitución intocable, intangible y sagrada son los que con mayor desprecio olvidan y marginan principios democráticos y garantistas que tienen un pleno respaldo constitucional. Ver para creer.

(*) También firman el artículo los asimismo profesores de la UPV Pedro Ibarra y Jon Gurutz Olaskoaga