No parece que al Gobierno español le esté sentando bien la estrategia de los dirigentes de Nuclenor respecto a la central de Garoña. Al menos, eso cabe deducir de las declaraciones de sus representantes. Y tampoco da la sensación de que Madrid se lo vaya a poner fácil.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó ayer que «no se puede decidir el cierre de un reactor nuclear de hoy para mañana porque a alguien le apetezca. Esto tiene un procedimiento, un trámite y hay que seguir lo que se llaman paradas técnicas».

Entrevistado en Onda Cero, Soria apuntó que todo se debe a que a las empresas eléctricas en general y a las dos propietarias de Garoña en particular -Iberdrola y Endesa- no les «gusta» el nuevo impuesto de Sostenibilidad Energética.

«A nadie le gustan los impuestos y al Gobierno tampoco le gusta poner impuestos, pero ahora mismo estamos haciendo cosas que no nos gusta pero que son necesarias e imprescindibles para que haya recuperación en la economía», indicó.

Nuclenor asegura que las nuevas tasas ocasionarían unas pérdidas de 96 millones de euros, una cifra que el titular de Energía no comparte, recordando que hace dos años «los propios propietarios dijeron que si no se les permitía llegar hasta 2019 iban a tener un lucro cesante e iban a dejar de ganar una cuantía que la empresa cifró en 400 millones de euros».

«Esa cantidad es lo que dicen las centrales que iban a perder y resulta que estos impuestos durante los próximos cuatro años serían de 150 millones de euros y las inversiones adicionales que tienen que hacer son de unos 120 millones, por lo que todavía el lucro cesante sigue siendo muy superior a los impuestos y a la inversión que tienen que hacer», calculó.

Por otro lado, el actual secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, ha sido propuesto por el Gobierno Rajoy como candidato para ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La patronal advierte

La patronal eléctrica Unesa, integrada por las cinco grandes compañías que operan en el Estado español -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.On-, advirtió de que el déficit de tarifa y los nuevos impuestos energéticos «dificultan cualquier inversión y ponen en riesgo la viabilidad del sector». En una nota, Unesa aseguró que el sector invierte anualmente unos 3.000 millones de euros y genera unos 50.000 empleos directos y 100.000 indirectos.