Carlos Urquijo ha remitido a la Audiencia Nacional la decisión del Ayuntamiento de Donostia de conceder la Medalla al Mérito Ciudadano a José Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi. En una especie de suma y sigue del despropósito, el delegado del Gobierno español vuelve a cargar contra la decisión legítima de una institución vasca. Persuadido de que esa es su función, no hay semana en la que el exparlamentario alavés no intente obstaculizar, cuando no criminalizar, la actividad de organismos, partidos políticos o administraciones de este país, en una labor que puede que a él le resulte gratificante, pero que pone de relieve su nulo talante democrático.

Además de causar un nuevo quebradero de cabeza al consistorio donostiarra, lo que Urquijo ha hecho es un alarde de ignorancia. Solo se puede calificar en estos términos el argumento de que la distinción podría vulnerar lo previsto en las leyes «de reconocimiento a las víctimas del terrorismo», o que puede constituir un delito de «enaltecimiento». Únicamente una persona ajena a la realidad social y cultural de este pueblo es capaz de pensar en Txillardegi y redactar un escrito como el que él ha enviado a la Fiscalía. Pero es además un alarde de intolerancia, en tanto se niega a respetar lo acordado por todos los grupos menos el PP. ¿Recurrirá el representante del Ejecutivo español todas las decisiones que no cuenten con el aval de su partido?

El político laudioarra parece querer desquitarse de la frustración causada por su fugaz primera etapa como delegado del Gobierno. Sin embargo, alguien en su partido debería caer en la cuenta de que sus actuaciones pueden causarles tanto daño en este país como aplausos recibe él en la prensa española. En las elecciones del 21 de octubre la sociedad envió un claro mensaje al PP y lo castigó con su menor representación en dos décadas. No parecen haber aprendido. Si siguen por esta senda acabarán en el córner de la política vasca, en la marginación absoluta. Está en su mano evitarlo.