Salvo sorprendente rectificación de última hora por parte del Gobierno de Navarra de UPN, todo indica que la controversia en torno a la operación Donapea terminará en los tribunales. El empeño por trasladar el CIP Donapea de su actual ubicación se está convirtiendo en otra obcecación más de las que nos tiene acostumbradas y acostumbrados la derecha navarra. Obcecaciones que suelen responder a intereses particulares, propios o afines, y que en este caso tienen una clara vinculación con la Universidad de Navarra.

Habida cuenta de los más de 100.000 metros cuadrados que la Universidad tiene a día de hoy en propiedad y disponibles junto al centro de FP, donde poder instalar los tres centros de investigación que quiere impulsar, es una sinrazón la obsesión por construirlos justamente en la parcela del CIP Donapea. Ahí y solo ahí. Ya tuvimos ocasión de leer a su rector. Así es que, a estas alturas está claro que el traslado del centro público de FP es un objetivo en sí mismo para la UN. Y por extensión, también para UPN.

¿A qué responde esta obsesión por «quitarse de encima» un centro público a cuya creación contribuyó el Ayuntamiento de Pamplona? Tal vez al interés de la universidad por alejar a un vecino no deseado, cuya presencia ha combatido desde sus orígenes y que a buen seguro interfiere en su idea de campus universitario privado impecable y reservado al uso casi exclusivo de «sus clientes». Con la marcha de Donapea su campus obtendría una continuidad que permitiría a la UN cerrar aún más el uso del conjunto del entorno. En cualquier caso, no responde al interés público. Y desde luego, no es una buena carta de presentación para una universidad dar muestra de tal cerrazón e intransigencia, saliendo públicamente, como ha hecho, a presionar a las instituciones de la tierra que tanto le ha dado.

Lo cierto es que toda la operación comenzó mal, con la firma, aprisa y corriendo, en marzo de 2011, a las puertas de las últimas elecciones en Navarra, de un convenio entre Gobierno y UN a espaldas del Ayuntamiento de Pamplona. Un convenio que afecta a un solar originariamente municipal, cedido en su día expresamente para construir el centro de FP. Un convenio, además, cuyo cumplimiento requería de una serie de modificaciones urbanísticas de competencia igualmente municipal.

Tras el posicionamiento del pleno en contra de las citadas modificaciones, lejos de reconsiderar su actuación, el Gobierno de UPN emprendió la huida hacia adelante y ha resuelto hacer uso de la figura del PSIS para sortear la voluntad municipal, e imponer su acuerdo con la entidad privada. No tiene base el argumento de los 400 puestos de trabajo que ha prometido la UN en los próximos años, si se accede a tal operación. No la tiene porque, si realmente hay interés, igualmente puede generarlos junto a Donapea y sin violentar la iniciativa pública. Además, no deja de ser un compromiso endeble, siempre al albur de los intereses y las necesidades de esta empresa privada. Y no tiene credibilidad este argumento en boca de Iribas, consejero que se ha vanagloriado de haber prescindido solo este año de más de 500 profesionales educativos, en aplicación de su política de recortes a la educación pública.

La controversia en torno a la operación Donapea es un conflicto de invasión de las competencias municipales para imponer un criterio opuesto al manifestado por el Pleno de Iruñea. De forma clara y expresa, además. Pero es también un conflicto de intereses entre lo público y lo privado, así como en torno al papel que las instituciones deben jugar en defensa del interés general.

El acuerdo alcanzado esta misma semana en el consejo de gerencia de Urbanismo reafirma la oposición de los órganos competentes del Ayuntamiento de Iruñea al uso de la figura del PSIS por parte del Gobierno de Navarra. Pero también clarifica la voluntad de la mayoría política municipal de que el CIP Donapea siga donde está, tal y como defendió y procuró en su día el Ayuntamiento de Pamplona. Es, además, un acuerdo de consenso que pone en evidencia la disposición de esa misma mayoría política a propiciar, en lo que afecta a las competencias municipales, una solución inmediata a las necesidades educativas urgentes que realmente hay en este momento, y que son, sin duda, las del IES Sanitaria, que lleva ya años en situación de provisionalidad en instalaciones prefabricadas que no reúnen las condiciones mínimas.

Probablemente UPN no atienda a este acuerdo, como tristemente viene siendo habitual. Como no ha escuchado a la mayoría del pleno, ni a la mayoría del centro, ni a la honestidad y al sentido común, que recomiendan no emplear casi 25 millones de euros que se han escamoteado este mismo año al conjunto de la educación pública de Navarra, en trasladar un centro de FP ya montado y vigente, solo para dar cumplimiento a la voluntad particular y ansia caprichosa e injustificada de una entidad privada. Por ello, a buen seguro el Ayuntamiento y el Gobierno acabaremos viéndonos en los tribunales. El Ayuntamiento acudirá en defensa de las competencias del pleno y de sus derechos sobre sendas parcelas públicas afectadas (la de Donapea y la de Lezkairu), y en representación del interés general de Pamplona. ¿En representación y defensa de quién y de qué acudirá el Gobierno? Rectifiquen, señores de UPN, todavía están a tiempo.