El mismo día en que Artur Mas y Oriol Junqueras cerraban el acuerdo entre CiU y ERC para garantizar la estabilidad del próximo Govern y convocar una consulta de autodeterminación en 2014, el lujoso Hotel Ars de Barcelona acogía una reunión entre el líder de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran y Lleida, su mano derecha, Josep Sánchez Llibre, el director de «La Vanguardia», José Antich, y el portavoz del grupo Godó -editor del diario-, Màrius Carol.

Al día siguiente, el diario catalán de mayor tirada abría portada con el titular «Mas cede ante Esquerra», mientras Duran aseguraba que la consulta se realizaría por medios exclusivamente legales y mantenía en vilo la ratificación del acuerdo con ERC hasta 15 minutos antes de su firma.

Decir que el proceso autodeterminista iniciado en Catalunya está plagado de obstáculos es una obviedad, pero fuera del Principat, a menudo se olvida que una de las principales dificultades para el Govern encabezado por Mas está de puertas adentro, en su propia coalición con una Unió a la que no le gustan ni las medidas nacionales ni las económicas del acuerdo con los republicanos.

De hecho, Duran es la gran esperanza de un PP al que le ha faltado tiempo para sacar a relucir el catálogo de amenazas y, de hecho, empezar a hacerlas efectivas. En el frente jurídico-político -cuesta separarlo-, el Gobierno ya ha llevado al Tribunal Constitucional la tasa del euro por receta -que también quiere aplicar la Comunidad de Madrid- y el impuesto sobre los depósitos bancarios -que funciona en Andalucía y Extremadura-. Y junto al frente jurídico-político, el económico. El Gobierno ya ha avisado que las comunidades que no cumplan con el déficit impuesto podrían quedarse fuera del próximo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que supondría condenar inmediatamente a Catalunya a la bancarrota.

Otro aviso para navegantes: los funcionarios catalanes no han cobrado la nómina, como es habitual, el 21 de diciembre, sino que lo harán el 27. La razón no es otra que el Estado todavía no ha pagado el tramo correspondiente del FLA.

El día en que CiU y ERC firmaban su acuerdo, Duran i Lleida declaró que «la consulta será legal o no será», asumiendo así las tesis del PSC, que también defiende el derecho a decidir siempre que se haga de acuerdo con la ley. Una postura que solo se puede entender desde la miopía o el cinismo, malas compañeras ambas para la política. No hace falta ser un lince para anticipar que el Estado español no aceptará la celebración de un referéndum de autodeterminación.

A lo largo de 2013, cuando el Gobierno español rechace la petición de un referéndum en Catalunya y tumbe la Ley de Consultas del Parlament vía Tribunal Constitucional, esta evidencia se convertirá en más palpable que nunca, por lo que se acabará, definitivamente, el tiempo de las ambigüedades y las medias tintas.

Según el acuerdo entre convergentes y republicanos, esta situación se dará a finales de 2013, aunque no es descartable que, si el ahogo español se agrava, el proceso pueda acelerarse. Las presiones sobre Artur Mas para que abandone el envite independentista serán terribles por parte de Unió, del Estado, de la patronal y de un etcétera muy largo. En el acuerdo con ERC colaron una cláusula que les permitiría alargar la convocatoria de la consulta, pero la realidad no será tan permisiva.

ERC sufrirá mucho en 2013 debido a su apoyo a los recortes y a la gestión económica del Govern, por lo que la consulta es su único recurso para salvar la cara. El desgaste de las relaciones entre CiU y ERC será, por cierto, uno de los grandes objetivos de los contrarios a la autodeterminación.

Si CiU pospusiese la consulta, es probable que el acuerdo con ERC se rompiese, provocando elecciones anticipadas y sobre todo, quedando para la historia la gran renuncia de Catalunya, que pese a las dificultades, nunca había estado tan cerca de la independencia en los últimos 70 años.

Si por lo contrario, contra viento y marea, opta por la valentía y convoca la consulta al margen de la legalidad española, es cuando se desatará la caja de los truenos. Como repite día tras día la caverna mediática española, el Gobierno podría destituir a Mas y suspender la Autonomía catalana.

Antes de eso, la ahogará económicamente, llevando a la Generalitat a no poder pagar nóminas ni servicios y condenando los catalanes a límites de desamparo y tensión social desconocidos.

Cómo acabará esto no lo sabe nadie, pero en el desenlace final tendrá mucho que ver el relato de los hechos que se imponga en la sociedad, ya que solo un movimiento social fuerte y convencido podría dar alguna posibilidad de éxito.

El Estado luchará por imponer su relato, achacando el caos económico y social a la deriva independentista; mientras que tanto CiU como ERC relatarán que dicho caos es consecuencia, precisamente, de formar parte de un Estado que los ahoga.

No habrá que esperar mucho para conocer el desenlace, pero mientras tanto, España haría bien en recordar que, más que por una identidad secesionista innata, el independentismo catalán ha crecido tanto por los continuos agravios políticos, económicos y culturales.