El acuerdo en el Consejo de la Unión Europea (UE) del pasado 12 de diciembre sobre el SSM (Mecanismo Único de Supervisión Bancaria) puede suponer un cambio cualitativo en el desarrollo de las políticas anticrisis en Europa. Comencemos aclarando que esto no va a suceder de forma inmediata. Las funciones de supervisión serán asumidas por el Banco Central Europeo (BCE) doce meses después de la entrada en vigor de la legislación que deberá desarrollar estas competencias, y nunca antes del 1 de marzo de 2014.

Si, como es previsible, la propuesta ahora acordada termina convirtiéndose en legislación, quedarán básicamente fuera de la supervisión europea: Los bancos con activos inferiores a los 5.000 millones de euros y aquellos cuyos activos no superen los 30.000 millones de euros, siempre que dichos activos no excedan el 20% del PIB del Estado Miembro en el que estén establecidos.

Aunque se limite a los grandes bancos, la trascendencia de este reciente acuerdo político es enorme. Basta con tener en cuenta el enorme peso político de estos bancos sobre las estructuras democráticas occidentales. Y la importancia que la función de supervisión puede tener para que la gestión de las políticas económicas disponga de un mayor o menor margen de autonomía. También, por supuesto, para una evolución más o menos eficiente del propio sistema bancario. Experiencias como las de los últimos años en el Estado español nos revelan hasta qué punto políticas de supervisión erróneas pueden fácilmente destruir el sistema financiero de un país.

Como en otros pasos adelante en el proceso de integración europea, es importante analizar las decisiones adoptadas. Este proceso tiende a moverse en una dinámica de filias y fobias que dificultan el análisis objetivo de las ventajas e inconvenientes que supone el que una determinada competencia se gestione en la UE o en los Estados miembros.

Esto es particularmente relevante cuando nos referimos a cesiones de competencias a la UE con duración temporal indefinida y, muy especialmente, cuando las razones que impulsan estas cesiones tienen una importante carga de coyuntura de corto plazo.

Efectivamente, las razones que están impulsando este proceso son, por un lado, el interés de los estados con sectores bancarios en proceso de rescate en descargar cuanto antes el coste del rescate bancario sobre la UE. Por otro lado, el creciente nerviosismo de la gran banca occidental ante la previsión de una nueva crisis sistémica a corto plazo y las presiones de estos grandes bancos para asegurar los fondos necesarios para su rescate por parte de la UE.

Y en tercer lugar, las condiciones impuestas para ello por los países centrales -Alemania fundamentalmente- a los que, lógicamente, no les entusiasma asumir mayores responsabilidades en el proceso de rescate bancario global que parece estarse convirtiendo en un proceso interminable. Estos países han puesto como condición para la asunción de responsabilidades en el rescate de los distintos países el que, con carácter previo, la UE dispusiera de la capacidad de supervisión de, al menos, aquellas entidades que van a ser nuevamente rescatadas.

Estas presiones de los países centrales están intentando de alguna forma moderar lo que bien puede calificarse como un nuevo asalto de la gran banca a los fondos públicos europeos. Los instrumentos para ello serían: Disponer de la capacidad de supervisión bancaria ahora acordada. La aprobación del «mecanismo único de resolución» que permita sustituir el rescate con fondos públicos por la reestructuración interna -quiebra o concurso- con cargo a accionistas y acreedores. De ahí que en las Conclusiones del Consejo Europeo del día 14 de diciembre se indique que «deben acelerarse los trabajos sobre las propuestas de Directiva sobre rescate y resolución y de la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos».

Otros mecanismos son la estricta separación entre las funciones monetarias y las funciones de supervisión del BCE, con el fin de evitar los conflictos de intereses entre ambas funciones, y el establecimiento de un sistema de voto proporcional en las decisiones de supervisión.

Lo que los ciudadanos europeos nos jugamos en esta apuesta es evidente. Los procesos de reestructuración bancaria van a continuar. La gestión de estos procesos que, a partir de ahora, desarrolle la UE va a ser esencial para nuestro futuro. El que dicha gestión se base en más rescates masivos -como pretenden tanto la gran banca como algunos estados europeos- o se base en la reestructuración del propio sistema bancario puede significar la aceleración de los procesos de superación de la crisis o el colapso de nuestras economías.

Detrás de todo ello, la tradicional pugna entre la gran banca y los estados occidentales por los distintos resortes del poder real está adquiriendo unas dimensiones desconocidas. Por un lado, como consecuencia de la cada vez mayor preocupación por las dificultades económicas de los grandes bancos comerciales -y los de inversión en USA-, y el riesgo de un estallido similar al de 2008.

Por otro lado, estas tensiones se están manifestando en las investigaciones criminales impulsadas por fiscalías y órganos judiciales de EEUU, Alemania, Gran Bretaña, Estado francés e Italia, que están generando dimisiones en cadena y detenciones de ejecutivos de primera línea en entidades como Barclays, Deutsche Bank, UBS y, en general, en el conjunto de la gran banca europea. A nadie se le escapan las repercusiones económicas y políticas que este proceso puede generar.

La incidencia de la gran banca ha sido determinante en la evolución política de occidente durante las últimas décadas y el que este conflicto se resuelva en una u otra dirección será también un condicionante esencial del futuro democrático de nuestros países.