Una vez cerrado el acuerdo de gobierno entre CiU y ERC con el compromiso de realizar una consulta sobre la independencia en 2014, la pugna entre el Govern catalán y el Gobierno español está servida. Como es lógico, en este primer momento Artur Mas, investido president el lunes, hace hincapié en la necesidad de buscar un acuerdo y un marco legal para la votación. Por contra, desde el Gobierno español se responde blandiendo la ley actual como amenaza.

En este contexto, la Abogacía del Estado se pone en marcha contra otra de las expresiones del independentismo catalán. La agencia Europa Press indicó ayer que en las próximas semanas presentará una cascada de acciones judiciales contra ayuntamientos que desde el pasado mes de setiembre han aprobado mociones para declararse «territorio catalán libre». Así lo han confirmado fuentes gubernamentales españolas.

La primera de estas actuaciones ya tuvo lugar la semana pasada, cuando los servicios jurídicos del Estado presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno de Celrá (Girona) que aprobó una moción en este sentido el pasado 18 de setiembre. Aquella propuesta obtuvo el apoyo de los representantes de la CUP, iCelrà, Entesa per Celrà y de una de las dos concejales de CiU, mientras que su compañero optó por la abstención.

Desde principios del pasado 3 de setiembre, más de un centenar de municipios han ido aprobando mociones en sus plenos municipales para declararse «territorio catalán libre», entre ellos capitales de comarca como Vic, Tortosa, Valls, Vilafranca del Penedès, Igualada o Ripoll.

Esta iniciativa, que surgió en Sant Pere de Torelló (Barcelona) se enmarca en la línea de avanzar hacia la celebración de una consulta de autodeterminación. Enlaza con las centenares de consultas sobre la independencia realizadas desde 2009 en diversas oleadas, y que llegaron a Barcelona en abril de 2011. Cabe recordar que el Gobierno español también intentó impedirlas a través de recursos, como el que interpuso contra la primera llevada a cabo en Arenys de Munt. Un juez la prohibió, pero la votación se llevó a cabo, y los sucesivos recursos judiciales no pararon esta dinámica.

Las consultas provocaron una activación del independentismo catalán que siguió luego con la Marxa que recorrió el territorio y que fue impulsada por la pujante Assemblea Nacional Catalana. Todo ello confluyó en la manifestación de la Diada de setiembre pasado, que rompió barreras de participación y situó el independentismo en una posición de liderazgo. Recogiendo ese sentimiento, Artur Mas adelantó las elecciones, la mayoría soberanista se amplió ligeramente, y se ha conformado un gobierno monocolor de CiU respaldado por ERC.

Mas: «No poner rejas»

Tras la toma de posesión del lunes, Artur Mas reiteró sus objetivos en un discurso de veinte minutos en el que utilizó el símil de un barco. Dijo que su misión es que Catalunya no vaya «a la deriva» o «contra las rocas», por lo que adopta un rumbo soberanista, pero matizó que espera también que la singladura no acabe en una «colisión» con otro barco: el de España.

Mas se dirigió al Gobierno de Mariano Rajoy para pedirle que «intente no poner rejas en lo que es expresión de la voluntad de un pueblo». El líder de CiU subrayó que Catalunya es «un país que se considera nación desde hace muchos siglos» y, en un discurso repleto de metáforas marineras, remarcó que «los grandes cambios siempre se han hecho a contracorriente».

A partir de ahora, el siguiente paso del presidente catalán será la presentación de su gobierno, que ha afirmado que tendrá un carácter continuista pero con un importante peso político.