AUDITORIA EN EL GOBIERNO DE GASTEIZ
Urkullu pone límites a la auditoría externa al Gobierno López
El Ejecutivo de Gasteiz, ahora en manos del PNV, realizará la auditoría externa prometida para conocer la situación real de la deuda de Lakua y de los gastos comprometidos para los próximos ejercicios. Este anuncio hecho por los jeltzales durante la campaña electoral soliviantó al PSE, pero tras conocer sus matices -y antes incluso- se lo ha tomado con más calma. José Antonio Pastor avanzó que esta decisión no supondrá una «ruptura total» entre ambos partidos.
GARA | GASTEIZ
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu confirmó en su reunión del lunes que realizará una auditoría externa para conocer de primera mano el estado financiero de la Administración. Según explicó el portavoz del Gabinete jeltzale, Josu Erkoreka, el informe, que se realizará a fecha del 31 de diciembre, recogerá la situación «real» de las deudas y de los gastos comprometidos para sucesivos ejercicios. Al parecer, el mismo no pondrá la lupa sobre los pagos efectuados por el anterior Ejecutivo, liderado por Patxi López (PSE).
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en Lehendakaritza, Erkoreka anunció que la futura auditoría se encomendará a una empresa externa, y por tanto no será desarrollada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), encargado de analizar la situación financiera de las administraciones públicas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. De todos modos, el portavoz del Ejecutivo matizó que la empresa encargada de realizar el informe, de la que por ahora no se dan más detalles, trabajará «en estrecha colaboración» con los servicios de control de Lakua.
Una propuesta electoral
A falta de más detalles sobre la extensión real de la auditoría, cabe recordar que hace tan solo unos meses el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, soliviantó notablemente al PSE cuando lanzó la idea. Aquella propuesta fue desestimada inmediatamente por el Gobierno de Patxi López y tildada de «inaudita» por su portavoz, Idoia Mendia. No tuvo reparos en señalar que el simple planteamiento de dicha solicitud decía «muy poco en favor de Urkullu». «Me parece muy grave que alguien que aspira a ser lehendakari dude de las instituciones de esté país», añadió.
«Desde luego, este Gobierno no hizo ninguna auditoría externa a ningún ejecutivo anterior -recordó Mendia-. Y si algo nos caracteriza es que hemos confiado totalmente en los trabajadores públicos, independientemente de sus ideas o incluso de su paso por gobiernos anteriores», subrayó.
Asimismo, el Gobierno de López tildó de «muy grave» que el candidato del PNV apostará por encomendar a una empresa externa, desvinculada del Gobierno autonómico, este informe. «Es my grave que Urkullu ponga en duda al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que al final es quien audita a las administraciones, y quien debe hacerlo si creemos en lo público», criticó Idoia Mendia.
Pastor ve «desperdicio»
En función de esas posiciones de partida, cabe entenderse que la futura auditoría podría enturbiar las relaciones entre PNV y PSE en un momento en que los jelkides necesitan socios presupuestarios. Sin embargo, ya el viernes pasado, tres días antes del Consejo de Gobierno que confirmó la iniciativa, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, avanzó que el informe no supondría necesariamente una «ruptura total» en la relación de ambas formaciones. Esta reacción previa y los datos avanzados por Erkoreka invitan a pensar que el alcance de la auditoría puede haber sido negociado o al menos comentado entre ambas formaciones. A ello se suma el agradecimiento de Urkullu al traspaso de poderes por parte de López o la clara oferta lanzada en el debate de investidura al PSE para una colaboración presupuestaria.
En cualquier caso, Pastor destacó también que su partido no entiende la posición de los jeltzales. «Hay un número de funcionarios en la estructura de Lakua que son simpatizantes del PNV y con lo que ha podido tener información de primera mano», dejó caer. En paralelo, recordó que la información relacionada con las cuentas de Lakua, que han sido auditadas por el TVCP en 2009, 2010 y 2011, está disponible en la página web del Gobierno autonómico, por lo que es pública y notoria.
Pastor apostilló que su partido asume la auditoria con «absoluta tranquilidad», defendió la labor del TVCP y denunció que es un «desperdicio gastar el dinero en una empresa privada cuando Lakua tiene a su disposición un organismo público que tiene esa obligación».
Pese a la realización de la auditoría, el parlamentario anunció que el PSE está dispuesto a llegar a un acuerdo presupuestario con el PNV «si hay coincidencia en tema fiscal». Es esa la cuestión que considera clave.
El Gobierno de Lakua también dio este lunes luz verde al proyecto de Ley de Medidas sobre las Pagas Extraordinarias de 2013. Esta norma, que se remitirá hoy mismo al Parlamento de Gasteiz, tiene por objeto abonar la paga extra a los 67.000 funcionarios públicos dependientes del Ejecutivo autonómico a principios del próximo mes de enero.
Según informó la agencia Europa Press, el Consejo de Gobierno aprobó este lunes un anteproyecto de ley, compuesto de un único artículo, con el objetivo de adelantar a enero el abono de la nómina extraordinaria de junio a los trabajadores dependientes de Lakua. Unos empleados públicos que no han podido recibir la paga extra de Navidad tras la eliminación de esta retribución por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El proyecto de ley entrará hoy en el Parlamento, coincidiendo con la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces. Los parlamentarios presentes en las citadas reuniones podrían acordar la celebración de una sesión plenaria para este viernes, 28 de diciembre, cuando debería ser sometida a votación en la Cámara legislativa. Si no fuera posible reunir al pleno esa jornada, la sesión se celebraría el lunes 31.
En cuanto a los detalles de la norma, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, señaló que contempla el adelanto a los primeros días del mes de enero y de julio del abono de las pagas extraordinarias de 2013, tanto al personal fijo como al temporal. «Se trata de un proyecto de ley, reducido en dimensiones, que tiene por objetivo remover los obstáculos legales que impiden el adelanto de la paga extraordinaria», explicó ante los medios congregados en la sede de Lehendakaritza.
Tal como relató, la nueva norma, diseñada para hacer frente a los recortes decretados por el Gobierno de Madrid, tiene carácter «automático y obligatorio» para todos los empleados públicos, ya que la posibilidad de acogerse de una forma voluntaria a este supuesto podría tener un tratamiento fiscal en el IRPF que supondría un perjuicio para los intereses de los funcionarios.
Además, afirmó que el proyecto de ley «respeta escrupulosamente» los marcos competenciales y que se dicta en ejercicio de las competencias autonómicas. En este sentido, precisó que la norma se enmarca en el año 2013, por lo que no altera el régimen jurídico general de las pagas extraordinarias, ni a su periodicidad -cada seis meses-.
Por otro lado, Erkoreka anunció que el Gobierno de Gasteiz usará esos 208 millones de euros, que tenía consignados el Ejecutivo para pagar la extra de Navidad correspondiente al año 2012, para «reforzar» los planes de empleo de cara al próximo curso y para «consolidar los servicios públicos esenciales, como son Educación, Sanidad y Servicios Sociales».
Respecto a las aportaciones a los planes de pensiones de funcionarios públicos que se contemplan en el decreto del Gobierno español, el portavoz del Gabinete jeltzale anunció que las mismas se llevarán a cabo en los próximos ejercicios con arreglo a la evolución de la economía y a la disponibilidad presupuestaria del Ejecutivo de Gasteiz. GARA
El Gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) tendrá un total de diez consejeros y de viceconsejeros menos que el de su antecesor, Patxi López (PSE).
Según explicó el lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ya han quedado nombrados 29 de los 35 consejeros y viceconsejeros que va a tener el gabinete, es decir, el 80% del total, lo que remarcó que demuestra que el actual Gobierno «se está poniendo en marcha».
La agencia Europa Press señaló que entre los nuevos cargos destaca el nombramiento de la que fuera consejera de Industria Ana Agirre como nueva viceconsejera de Justicia, así como el de Patxi Baztarrika, que volverá a ser viceconsejero de Política Lingüística tras haber ocupado el mismo cargo durante el último mandato de Juan José Ibarretxe.
Además, entre los nombramientos confirmados el lunes figura el de Andrés Zearreta Otazua, como viceconsejero de Función Pública; el de Itziar Epalza Urquiaga, como viceconsejera de Comercio y Turismo; el de Olatz Garamendi Landa, como viceconsejera de Administración y Servicios; y el de Jorge Arevalo, como viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje.
En el área de Educación, junto a Patxi Baztarrika, el Gabinete de Iñigo Urkullu ha nombrado a Itziar Alkorta Idiaquez como viceconsejera de Universidades e Investigación; y a Jose Angel Maria Muñoz Otaegi como viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes.
El Consejo de Gobierno también acordó los nombramientos de Guillermo Viñegra García, como viceconsejero de Sanidad; de Juan María Barasorda, como director de Función Pública; de María Pilar Martínez Díez, como directora de lo Contencioso; de Begoña Pérez de Eulate González, como directora de Desarrollo Autonómico; de Iñaki Aldekogarai Labaka, como director de Servicios Generales; y de Javier Zarraonaindia Zuloaga, como director de Energías y Minas.
Josu Erkoreka destacó que todas estas personas, a las que se suman otro nutrido grupo de directores y responsables, conforman los «primeros niveles» del actual Gobierno autonómico. El organigrama se seguirá desdoblando ahora. GARA
