La confirmación de Josu Erkoreka de que el Ejecutivo de Gasteiz llevará a cabo una auditoría externa para dar a conocer su situación financiera tras el paso por el mismo del PSE podría ser entendida en principio como un ejercicio de transparencia, incluso por parte de los responsables de las cuentas objeto de investigación, pues tienen la oportunidad de demostrar su buen hacer o, al menos, su dedicación al bien común. Lo que no está claro es por qué esa investigación habría que hacerla a través de una empresa privada. ¿Acaso no está garantizada en el sistema actual esa transparencia?

Todo lo que sea fiscalizar las cuentas públicas es una actuación oportuna y saludable en la medida en que consiste en sacar a la luz la gestión del dinero de todos, el de los ciudadanos y ciudadanas. Pero se supone que esos mecanismos existen de oficio, sin necesidad de trabajos extraordinarios y externos. Un informe así solo podría estar justificado en datos objetivos y sospechosos. Y lo que resulta sospechoso es que sea el PNV el que proponga esta medida, dado que cuando se detectaron los desfases en la sociedad foral Bidegi a finales de 2011, el anterior diputado general, Markel Olano, amenazó con acudir a los tribunales. La denuncia del actual gobierno foral, cabe recordarlo, fue corroborada por una auditoría oficial.

No obstante, está por ver el alcance de la auditoría anunciada por Lakua. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha asegurado ahora que esta no supondría una ruptura total entre PNV y PSE. Esa aseveración, junto a la insistencia de Erkoreka en que su Gobierno no contempla otro escenario que no sea el de un presupuesto para 2013, y en una situación de evidente debilidad del nuevo Ejecutivo, podrían ser indicio de algo así como un instrumento para llegar al mencionado escenario. Erkoreka apeló a la responsabilidad de todos para que se puedan aprobar las cuentas de las administraciones, pero la verdadera responsabilidad exige algo más que amagos. Exige, sobre todo, más transparencia y menos tejemanejes.