El acuerdo de legislatura firmado por CIU y ERC, que han llamado «acuerdo para la transición nacional» además de para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Catalunya, contiene una parte importante dedicada a los aspectos económicos, tanto de la propia transición (anexo 2) como relativos a la política económica y presupuestaria (anexo 3). No es de extrañar que en un acuerdo de legislatura la cuestiones económicas tengan mucho peso y mucho más ahora, en una coyuntura de crisis económica que afecta a todo el Estado español y sobre todo a Catalunya. No podemos olvidar tampoco que en los dos años que ha durado la anterior legislatura, el Gobierno presidido por Artur Mas ha sido uno de los que con mayor ahinco ha aplicado recortes y además ha sido pionero en la búsqueda de nuevas vías de ingresos, como el establecimiento del pago de un euro por receta. A pesar de todo se ha visto obligado a pedir el rescate al Gobierno de Madrid, dejando en evidencia que la política de recortes no conduce a ninguna parte.

El anexo 2 recoge las prioridades del Gobierno para la transición nacional. Lo acordado en ese anexo es el programa de gobierno, y como todos los programas contiene infinidad de prioridades tanto para fomentar la recuperación económica como para fortalecer la cohesión social, la sostenibilidad, la identidad y la lengua, etcétera. Eso sí, dejan para más adelante la posibilidad de acordar medidas en «ámbitos más complejos», esto es, las posibles reformas en el sistema educativo y las reformas estructurales del sistema sanitario. Entre todas estas medidas destaca el primer apartado tras la consulta, titulado «Órganos e instrumentos para garantizar la transición nacional».

En ese apartado se recoge la creación de una Administración Tributaria Catalana a partir de lo hecho hasta ahora. Catalunya puede crear su propia administración tributaria. Otra cosa es lo que pueda hacer ahora sin apenas competencias, pero en cualquier caso, sí puede organizar el embrión de lo que puede ser la futura administración tributaria del Estado de Catalunya.

En el documento nombran el pacto fiscal solo en el preámbulo, simplemente como ejemplo para subrayar que el Estado no ha respetado demandas legítimas de Catalunya. En coherencia con el camino emprendido, no buscan en principio negociar algo similar al Concierto Económico o al Convenio, sino poner las bases para un futuro Estado. Dentro de ese plan cobra sentido una medida de ese tipo.

En el segundo punto plantean convertir el Instituto Catalán de Finanzas en el Banco Público de Catalunya mediante ley. En la actualidad, el Instituto se dedica a financiar al sector empresarial en colaboración con las instituciones financieras, otorgando avales y dando créditos. En principio un banco público debería tener una mayor capacidad para ordenar y dirigir el crédito y financiar la actividad económica desde unos criterios de búsqueda del interés colectivo y del bien común. En cualquier caso, una cosa son los instrumentos y otra el uso que se hace de los mismos.

El tercer punto recoge la necesidad de hacer un plan para diseñar la Administración de la Tesorería de la Seguridad Social, que en un futuro gestione las cuota, las pensiones y las prestaciones. En este mismo sentido se propone elaborar otro plan para asumir la gestión del transporte y la distribución de la energía, la gestión del agua y las principales infraestructuras logísticas que son competencia del Estado en Catalunya.

Ambos planes dejan en evidencia la falta de competencias en esas materias; sin embargo, su elaboración supone ya un primer paso de cara a prepararse para gestionar esas competencias en el futuro, incluso para ver los modos en los que se recuperan esas competencias. En ese sentido, apunta a un esfuerzo para planificar esa transición nacional de la que hablan CiU y ERC.

En el anexo 3 se trata la política económica y presupuestaria. En este apartado, más que mirar al futuro, se centran en la gestión a realizar en el corto plazo para atender las necesidades del sector público, los presupuestos, etcétera. En primer lugar dejan claro que aceptan la política impuesta por Bruselas con el Tratado de Estabilidad, aunque no están de acuerdo en el ritmo del ajuste fiscal.

Además de ello, los firmantes denuncian que Catalunya sufre un déficit estructural del 8,5% del PIB por el sistema de financiación que tiene, así como por los compromisos no cumplidos por el Estado. Eso significa que si en 2011 Catalunya tenía un PIB de 200.000 millones de euros, algo así como una quinta parte de la riqueza del Estado español, un déficit del 8,5% supone una cantidad del orden de 17.000 millones de euros.

Podemos comparar esos números con los de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que con un PIB de 66.000 millones de euros, una decimoquinta parte del total del Estado español, su sector público manejaba ese año unos 14.000 millones de euros, es decir, aproximadamente el 21% de la riqueza total, mientras que en el caso de Catalunya el presupuesto de la Administración pública es de unos 29.700 millones, es decir, solamente el 15% de la riqueza. A simple vista hay un desfase de seis puntos entre el 15% y el 21% que tendría que ser matizado por las competencias que gestiona cada autonomía, aunque posiblemente no diferirán mucho, así como por la presión fiscal, con lo que es posible que el déficit fiscal pueda ser del orden del que plantea el documento.

Con esa mala situación de partida, CiU y ERC hacen una crítica a la forma en la que se ha repartido el déficit entre la Administración central y autonómica para cumplir el objetivo impuesto por Bruselas, que califican de sesgada, arbitraria y especialmente injusta, ya que mientras el Estado se queda con el 4,5%, Catalunya tiene un objetivo máximo de 0,7%. Los firmantes del documento consideran que debería ser al menos del doble, 1,5%, simplemente atendiendo al gasto de cada uno. Es lo que tienen las situaciones de dependencia y falta de soberanía: el Estado central decide en función de sus intereses y el resto está subordinado a esas decisiones, sin apenas capacidad de maniobra. En este momento la principal preocupación del Estado es ahogar a las autonomías para posteriormente eliminarlas, y de paso debilitar el Estado de Bienestar puesto que las autonomías además son las responsables de dos de sus grandes pilares: enseñanza y sanidad.

Para hacer frente a esta situación el documento de acuerdo de legislatura recoge una serie de medidas destinadas a minimizar el impacto. Básicamente propone declarar esos posibles recortes como extraordinarios y reversibles y recoger en un contrato-programa la reversibilidad. Asimismo hacen hincapié en la necesidad de explicar mejor por qué la situación actual es insostenible y enumeran las deslealtades del Estado hacia Catalunya, como por ejemplo que no se territorialicen los ingresos extraordinarios de la amnistía fiscal o la pérdida que supone para la administración la subida del IVA en favor del Gobierno central.

En el capítulo de ingresos se recogen una serie de cambios dentro de sus limitadas competencias. Así, en primer lugar los dos partidos plantean crear un impuesto sobre los depósitos bancarios que llevaba un tiempo en vigor en Extremadura y Andalucia, que ha sido respaldado por los tribunales y que amenazaba con extenderse a otras autonomías hasta que Montoro ha decidido establecer en todo el Estado ese impuesto con un tipo cero, para que nadie lo pueda cobrar. Los que hasta ahora lo cobraban recibirán una compensación; el resto, nada. Cosas del centralismo.

El otro gran cambio es en el Impuesto sobre el Patrimonio. CiU y ERC proponen bajar los mínimos para aumentar el número de personas que tengan que pagarlo Asimismo, plantearán un recargo a las grandes fortunas. Aparte de esos cambios, se proponen nuevos impuestos ambientales, la Euroviñeta para el transporte o un gravamen para las bebidas refrescantes con exceso de azúcar.

Por la parte de los gastos del presupuesto, en el documento se recogen unos criterios para determinar qué recortes pueden ser reversibles, así como la creación de un grupo de trabajo, lo que a largo plazo suele suponer no hacer nada.

En conjunto, la medidas económicas que se recogen en el documento son coherentes con una fase de transición nacional hacia un nuevo Estado. Más dudas surgen en la gestión presupuestaria, donde aparte de ciertos cambios en algunos impues- tos, el gasto y sus prioridades se fían a una comisión. Mismo programa nacional, diferente programa social.