Representantes de Stop Desahucios Gipuzkoa ofrecieron ayer una rueda de prensa en Donostia en la que denunciaron que, pese a lo anunciado tras el suicidio de Amaia Egaña en Barakaldo, el Gobierno español «no ha cambiado la Ley Hipotecaria, ni las entidades financieras han detenido las ejecuciones hipotecarias o los desahucios, más bien, todo lo contrario».

Asimismo, alertaron de un incremento en el número de subastas en los juzgados, lo que, en su opinión, da a entender que las entidades financieras «están intentando cuadrar sus balances o entregar el mayor número de viviendas vacías al banco malo. Según el Consejo General del Poder Judicial -añadieron- las subastas han aumentado un 134% a nivel estatal en los últimos nueve meses».

Tras denunciar las «insultantes e ineficaces medidas adoptadas en el Decreto Ley 27/12 del Gobierno de Rajoy, que no están ni paralizando las subastas ni los desahucios, al mantener vigente la nefasta Ley Hipotecaria», Stop Desahucios Gipuzkoa denunció que ese mismo gobierno «ha solicitado 40.000 millones de euros para rescatar a los responsables de esta crisis, que no son otros que los bancos» y que dicha cantidad de dinero «se pagará con dinero público y a costa de seguir haciendo más recortes».

En referencia a la actitud concreta de Kutxabank, criticaron que esta entidad «no ha cumplido ni uno solo de los compromisos que ha adquirido a lo largo de estos meses».

«No ha aplicado el decreto aprobado el 9 de marzo por el Gobierno español, ha obstaculizado el Servicio de Mediación del Gobierno vasco, no ha paralizado ni un procedimiento tras el suicidio de Amaia Egaña y sigue sin ofrecer solución alguna a sus clientes afectados», subrayaron.

Instituciones y partidos

Por ello, el colectivo aseguró que «ha llegado el momento de exigir compromisos concretos». A los partidos políticos con representación en el Parlamento español les emplazó a apoyar la ILP contra los desahucios -avalada ya por más de 700.000 personas-, la dación en pago y el alquiler social. Al nuevo Gobierno autonómico, liderado por el PNV, le reclamó que establezca «una nueva política encaminada a garantizar el derecho a una vivienda digna».

Asimismo, reclamaron el compromiso por parte de los ayuntamientos para que «dejen de trabajar con las entidades financieras que siguen desahuciando, retirando los fondos públicos o dejando de abonar las nóminas de los empleados públicos a través de esas entidades».

En esa línea, pidieron a los partidos políticos gestores de Kutxabank (PNV, PP y PSOE) que den «un giro de 180 grados a la actual política antisocial de las ejecuciones hipotecarias y la utilización de las viviendas vacías producto de los desahucios en alquileres sociales».

Finalmente, demandaron el compromiso de los ciudadanos vascos para que continúen «luchando contra los desahucios y castigando a aquellas entidades que siguen desahuciando con la retirada de sus ahorros, nóminas y pensiones de esos bancos y cajas».