Algunas informaciones publicadas en los últimos meses han permitido a Amaiur concluir que sus comunicaciones están siendo intervenidas. Concretamente, el viernes pasado «El Mundo» hacía referencia a unas declaraciones realizadas por una asesora del grupo soberanista de izquierdas en el marco de una conversación interna de las que extraía incluso frases entrecomilladas, poniendo de manifiesto, sin ningún rubor, que lo que allí se dijo había sido objeto de escuchas. Este hecho supone una agresión inaceptable contra quienes son representantes electos de una fuerza política legal, cometida además en un foro institucional que por definición debería ser inviolable.

El espionaje a formaciones y dirigentes políticos vascos no constituye una novedad en un Estado acostumbrado a transitar con gran habilidad por sus propias cloacas, pero esto no le resta ni un ápice de gravedad a lo ocurrido. Amaiur es una coalición que ha superado todos los filtros legales, igual que los partidos que la componen y las personas que han resultado elegidas en sus planchas electorales y las que trabajan para ella, de modo que toda actuación en su contra como la que ha sido destapada atenta contra la legalidad y los principios básicos de un estado de Derecho. No hay que olvidar, asimismo, que otro grupo parlamentario del Congreso, el PNV, hizo una denuncia del mismo tenor hace unos años, lo que da a entender que esta práctica propia de estados totalitarios es norma en esa Cámara.

En este sentido, la propia filtración y el tono utilizado en las informaciones publicadas dan la medida de hasta qué punto los protagonistas de este lamentable episodio se creen preservados de cualquier consecuencia. Las fuerzas policiales se saben impunes y quienes dan pábulo a sus correrías parecen asumir el «todo vale», abandonando en el camino cualquier remordimiento ético o profesional. Con esos cimientos quieren mantener en pie un Estado cada vez más carcomido.