Barcina promete para 2013 más recortes y seguir con las macroinfraestructuras
Recortes y contención del gasto para cumplir los objetivos de déficit fijados por Bruselas y Madrid y continuidad de las grandes infraestructuras como Canal de Navarra o TAV serán los ejes de la actuación del Gobierno de UPN para el año 2013, según avanzó ayer su presidenta, Yolanda Barcina, que mostró su voluntad de seguir al frente del Ejecutivo pese a tener los presupuestos prorrogados y a la mayoría del Parlamento en su contra.
Martxelo DÍAZ |
Más recortes y contención del gasto para 2013 son el principal objetivo de la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, según avanzó ayer en Iruñea a la hora de hacer balance del año que está a punto de terminar, «uno de los más duros de nuestra reciente historia, especialmente para los más de 51.000 parados».
Las previsiones para el próximo año no son mejores que las del que está a punto de acabar y Barcina destacó que prevén una nueva reducción de ingresos, lo que unido al objetivo de cumplir con el techo de gasto impuesto desde Bruselas y Madrid para que el déficit no supere el 0,7% del PIB hace que los recortes sean «inevitables».
De este modo, destacó que el endurecimiento de las condiciones de trabajo del profesorado permitirá ahorrar a las arcas forales más de 26 millones de euros en 2013 frente a los 8,8 millones de este año. La privatización de las cocinas del Complejo Hospitalario ahorrará tres millones de euros y la centralización de los laboratorios de Osasunbidea, entre seis y ocho.
Sin embargo, el Gobierno de UPN sigue empeñado en continuar financiando el próximo año macroinfraestructuras cuya rentabilidad es dudosa, como el ramal Arga-Ega del Canal de Navarra, la entrega del terreno del instituto de FP Donapea a la Universidad del Opus, el proyecto urbanístico de la estación de Iruñerria o el TAV.
En relación al Tren de Alta Velocidad, Barcina señaló que han mantenido reuniones con el Ministerio español de Fomento y que el objetivo del Gobierno navarro es reunificar todos los convenios para no tener que esperar a licitarlos uno por uno.
La continuidad de las obras del TAV al sur de Castejón y su conexión con la línea actualmente existente en Aragón está en el aire porque el Gobierno español no se ha comprometido a fijar una fecha para su construcción. Sin embargo, el Gobierno navarro está financiando los tramos del TAV entre Iruñea y Castejón, a pesar de los recortes que está aplicando en cuestiones sociales.
Barcina se mostró dispuesta a continuar aplicando recortes pese a la oposición del Parlamento. Puso como ejemplo los libros de texto, cuya gratuidad quiso eliminar. «Queríamos ayudar al más necesitado y que quienes más renta tuvieran los pagasen para destinar ese dinero a cuestiones más necesarias. No ha sido así por las dificultades que pone el Parlamento», explicó.
«El Gobierno tiene claro lo que tiene que hacer, pero el Parlamento nos lo impide. Algunas decisiones del Parlamento no son buenas para atraer inversiones porque crean inestabilidad, ya que van en contra de lo que dice el Gobierno de España», añadió
Preguntada por si tiene voluntad de seguir al frente del Gobierno con unos presupuestos prorrogados y con una posición de minoría en el Parlamento, Barcina volvió a responder que UPN cuenta con el 34% del electorado, «que es el mismo que tiene Iñigo Urkullu y más que el de Artur Mas».
Pese a ello, llamó a las fuerzas navarras a llegar a «amplios acuerdos y abandonar la estrategia de causar perjuicio al rival político».
El objetivo de los recortes aplicados por el Gobierno de Barcina es, según indica, reactivar la economía y el empleo, garantizar los servicios sociales básicos a la ciudadanía y reformar la Administración pública.
Ante la denuncia presentada por UPyD por la salida a Bolsa de Banca Cívica, Barcina señaló que su cargo en CAN era por «imperativo legal» al ser alcaldesa de Iruñea y que confía en los tribunales de justicia.
La líder de UPyD, Rosa Díez, acudió ayer a Nafarroa para denunciar a los responsables de Banca Cívica por una presunta estafa cometida por su salida a Bolsa. En realidad, aunque presentó la denuncia en Iruñea, podría haberlo hecho en cualquiera de los ámbitos de acción de las cuatro cajas fusionadas: Caja Canarias, Caja Burgos o la andaluza Cajasol. La denuncia va dirigida a los integrantes del Consejo de Administración de Banca Cívica en el momento de la salida a Bolsa. Ese consejo contaba con tres miembros nombrados por CAN: Enrique Goñi (director de CAN), Alberto Pascual (actual secretario general de CAN) y José Antonio Asiáin (exvicepresidente del Gobierno navarro, presidente de CAN y víctima del presunto chantaje de Santiago Cervera).
UPyD presentó una demanda de 67 folios que hoy se conocerá en su integridad. Se fundamenta en que las cuentas de Banca Cívica no eran fieles a la realidad y que, en la información que difundió para captar accionistas, ocultó los malos resultados acumulados por las cuatro cajas. En consecuencia, este partido ve varios delitos: estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.
La idea de Rosa Díez es que el fiscal jefe de Nafarroa incoe diligencias para investigar todos estos presuntos delitos. UPyD anuncia que, si no se investiga, el próximo paso será querellarse ante la Audiencia Nacional por estos mismos hechos.
Andrés Herzog, el abogado que firmó la denuncia a Bankia, sostiene que las trayectorias de Banca Cívica y Bankia se parecen «como dos gemelos». Herzog apuntó que, mientras que en Bankia todo estalló cuando el auditor se negó a firmar las cuentas, en Banca Cívica el agujero de las cuentas salió a la luz tras la compra por Caixabank por 977 millones, lo mismo que invirtió el FROB tras la fusión. UPyD afirma que no existe una cifra oficial de pérdida patrimonial, pero podría alcanzar los 3.800 millones. A.I.
