A propuesta del Gobierno de Iñigo Urkullu y con el único apoyo del PNV, el Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una ley que adelanta las pagas de 2013, pero que no hace ninguna referencia a la pérdida de la de diciembre de 2012, que queda al albur del recurso ante el TC. La ley tampoco contempla qué ocurrirá a finales del próximo año, cuando los trabajadores públicos se encontrarán con que ya cobraron su paga en julio.

Por diferentes motivos, todos los grupos de la oposición optaron por la abstención en un procedimiento legislativo que imposibilita la presentación de enmiendas y un debate resolutivo sobre el contenido de la ley.

El resultado de la votación fue de 26 síes (faltó un parlamentario del PNV), 44 abstenciones y un voto en blanco que debió ir a la abstención pero erró al apretar el botón.

«En tiempo record»

El encargado de defender el proyecto de ley ante la Cámara fue el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, que comenzó jactándose de que su Gobierno hubiera tenido lista la propuesta en diez días y con las fiestas de navidad de por medio. «Un tiempo auténticamente récord», enfatizó.

Del capítulo de autobombo, que ocupó casi una cuarta parte del breve discurso, Erkoreka pasó a recordar que el PNV había votado en contra del decreto que anulaba la paga de diciembre de 2012, para, después, justificar la propuesta hecha como la única legalmente posible. Destacó que concilia «los requerimientos de legalidad con los intereses de los empleados públicos»

El portavoz de Lakua insistió en que la ley a aprobar afecta a los presupuestos de 2013 y, por tanto, está al margen de lo decretado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para este año.

El consejero de Administración Pública reiteró que tras el decreto del Gobierno español y la decisión del Tribunal Constitucional, «la paga correspondiente al mes de diciembre de 2012 no puede ser satisfecha ni bajo el ropaje de paga extra, ni tampoco con otro ropaje más o menos original o creativo».

Oposición a EH Bildu

Llamó la atención el empeño de Josu Erkoreka, y sobre todo de la portavoz del PNV, Ane Urkiola, en hacer oposición a la propuesta presentada por EH Bildu para que los trabajadores públicos vean compensada en 2013 la pérdida salarial sufrida en 2012.

El consejero ironizó sobre la «capacidad creativa» y Ane Urkiola habló de «otra propuesta que hay por ahí». La representante jeltzale señaló por un lado que el PNV sigue defendiendo enérgicamente el marco competencial autonómico, y criticó después que la propuesta de la coalición independentista no ofrece seguridad jurídica a los funcionarios. Sostienen que los tribunales podrían obligar a los trabajadores a devolver la compensación que reciban y, por tanto, es más seguro que no la cobren.

EH Bildu ha presentado una proposición de ley para que los trabajadores públicos reciban durante 2013 una decimoquinta paga que compense la pérdida sufrida en 2012. Su portavoz, Belén Arrondo, destacó ayer que están abiertos a cualquier otra formulación que garantice esa compensación.

Sin embargo, según el PNV pedir esa compensación sí que es dar por perdida la paga de diciembre de 2012.

Abstención generalizada

Los debates de leyes por lectura única obligan a los grupos a juntarse en un turno a favor o en otro en contra. En el primero habló el PNV, que apenas empleó unos pocos minutos de la media hora de la que disponía. Ningún grupo pidió intervenir en el turno en contra, por lo que no hubo más debate. Tras la votación, los partidos que se abstuvieron tuvieron cinco minutos cada uno para exponer su posición.

UPyD se mostró contrario a los recortes salariales pero consideró que la vía elegida por el Gobierno no era la adecuada.

A Arantza Quiroga le tocó intentar explicar por qué se abstenía ante una ley que supone una «falta de lealtad al Gobierno de España» y una «falta de coraje y determinación para gobernar». No se entendió muy bien la posición del PP, que defendió la retirada de la paga decidida por Rajoy, alabó la toma de decisiones difíciles, pero no fue capaz de votar en contra del proyecto presentado por Lakua.

Por el PSE, José Antonio Pastor justificó su abstención en que la ley alivia la situación de decenas de miles de personas -y por ello la calificó como «un parche»- pero no defiende como debiera los derechos laborales y el autogobierno.

El PSE criticó al Gobierno de España por crear un problema donde no lo había, pues Lakua tenía dinero para pagar la extra.

Además, José Antonio Pastor pidió al Ejecutivo de Lakua que en los presupuestos de 2013 prevea un fondo para que en el caso de que el Tribunal Constitucional dé la razón al Gobierno autonómico, pagar de inmediato la cantidad que se adeuda.

Escuchar a los trabajadores

Fueron varios los grupos que a lo largo del debate reprocharon al Gobierno de Urkullu que hubiera tomado esta medida que obliga a todos los trabajadores a adelantar el cobro de sus pagas de 2013 sin ningún tipo de diálogo con ellos.

En el turno de EH Bildu, Belén Arrondo hizo hincapié en que en los tres últimos años los trabajadores públicos han perdido un 20% de valor adquisitivo, y denunció que la ley consolida la reducción de un 7% del salario en 2012, en lugar de dar respuesta a esta pérdida de derechos.

La coalición también denunció que la medida se toma sin respetar ni la negociación colectiva ni reunir a la Mesa de la Función Pública. Pero también incidió en que no afronta otra cuestión básica y es que no contempla ninguna medida para recuperar la paga perdida.

Arrondo destacó que EH Bildu ha propuesto una fórmula. Recordó al PNV que han presentado una proposición de ley -no un papel que anda por ahí, como dijo Ane Urkiola- pero que está dispuesta a estudiar cualquier otra, siempre que parta del compromiso de restituir a los trabajadores el dinero que les han quitado.

Tras criticar la falta de respuesta del Gobierno de Lakua a las imposiciones que se hacen desde Madrid, EH Bildu propuso «plantarse como pueblo» ante ellas.

Belén Arrondo puso fin al pleno con una pregunta del exlehendakari Juan José Ibarretxe: «Qué tipo de autogobierno es el que ni siquiera puede decidir sobre los pagos a sus trabajadores públicos».