Decenas de miles de habitantes de las provincias iraquíes de Al-Anbar, Nínive y Salahedin, de mayoría suní, se manifestaron de nuevo ayer para reclamar la dimisión del primer ministro, el chií Nuri al-Maliki. Por sexto día consecutivo, varios miles de personas permanecen acampadas en Ramadi, capital de Al-Anbar, bloqueando una importante autovía que conecta Bagdad con Jordania y con Siria para exigir la liberación de los detenidos políticos, la aprobación de la ley de amnistía general, la reforma del proceso político y el fin de la marginación de los suníes.

Acusado por sus detractores de estar detrás de una ola de detenciones por motivos políticos o religiosos, Al-Maliki consideró «inaceptables» los medios empleados por los manifestantes para expresar su indignación.

Las principales protestas se están desarrollando en Nínive, Salahedin y Al-Anbar, pero es en esta última donde se está movilizando más gente. Además de en Ramadi, en Faluya, unas 60.000 personas bloquearon la principal avenida de la ciudad, donde quemaron una bandera iraní.

En Mosul, capital de Nínive, centenares de iraquíes, entre los que se encontraba el gobernador provincial, tomaron las calles para presionar al Gobierno y amenazaron con la desobediencia civil en caso de que sus demandas no se cumplan.

En Tikrit y Samarra, en la provincia de Salahedin, salieron varias manifestaciones que denunciaron las políticas del Gobierno iraquí contra los suníes.

«No queremos que caiga el régimen ni lo intentamos, solo queremos nuestros derechos y nuestra dignidad», dijo un destacado imán de Tikrit, Yehia al-Ataui, que calificó al Ejecutivo de «sectario» y lo acusó de «restringir las libertades».

Miembro del bloque laico Al-Iraquiya, el ministro de Finanzas, el suní Rifaa al-Issawi, acusó a Al-Maliki, de estar detrás de la detención de varios de sus escoltas y de 150 guardias de su ministerio y de querer originar una nueva crisis política en el país.