Las firmas expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, Electropaz, y en Oruro, Elfeo, además de la empresa de servicios Edeser y la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas.

Iberdrola, a través de su filial Iberbolivia, posee el 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz) y el 92,8% en la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo).

Según el decreto leído por Morales ayer en una comparecencia ante los medios, la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asumirá el control de las cuatro empresas nacionalizadas en representación del Estado boliviano.

Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso también que la compensación a Iberdrola provendrá de una tasación realizada por una «empresa independiente (...) en el plazo de 180 días hábiles».

«En resguardo del interés público, el gerente general de ENDE contará con el apoyo de la fuerza pública para garantizar la continuidad de la distribución eléctrica» en La Paz y Oruro, agrega el decreto.

Morales argumentó que hay una brecha grande entre las tarifas urbanas y rurales en estos departamentos, por lo que se decidió la nacionalización de las distribuidoras eléctricas.

«Esta medida garantizará el derecho igualitario de los ciudadanos que viven en el área rural, precautelando su economía con tarifas equitativas y un servicio de calidad uniforme. Lamentablemente nos han dejado unas diferencias enormes entre el área urbana y rural», aseveró el mandatario.

Citó que en el área urbana de La Paz un usuario paga 0,63 bolivianos por kilowatio/hora (casi siete céntimos de euro) mientras que en el área rural se paga 1,59 bolivianos (más de 17 céntimos), «es más del doble», recalcó.

El Ejecutivo boliviano ya expropió en mayo pasado las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE) y en 2010 se nacionalizaron las acciones de cuatro empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Rurelec. Además de las eléctricas, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas desde que llegó al poder en 2006.

«Valor real»

Fuentes de la compañía eléctrica informaron de que todavía no han recibido comunicación oficial de la decisión de las autoridades bolivianas y de que estudiarán el decreto, aunque esperan que Bolivia «pague el valor real» de sus cuatro compañías filiales.

El Gobierno prometió una «justa remuneración» y un «trato respetuoso» a Iberdrola. «Va a haber una justa remuneración de lo que les corresponde, no vamos a actuar de manera arbitraria», afirmó el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, al tomar posesión acompañado por la policía de una de las oficinas de Electropaz, la filial de Iberdrola en La Paz.

El vicepresidente sostuvo que es un «derecho soberano» de Bolivia nacionalizar los servicios básicos para su «distribución equitativa» y reiteró que la estatal Empresa Nacional de Electricidad contratará a una empresa independiente que verá «el patrimonio, las deudas, los activos» de las firmas expropiadas y que con esos datos se negociará la compensación.

Efectivos policiales del Grupo de Investigaciones Especiales custodiaban anoche diferentes instalaciones de Electropaz, la principal de la capital boliviana.