El cese de la actividad de la central nuclear de Garoña ya es oficial. El consejo de Nuclenor, empresa propietaria de la planta energética burgalesa, lo ratificó ayer mediante un comunicado.

En ese texto, la empresa reconoce que este parón es debido, en gran parte, a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden que supone la aplicación retroactiva del nuevo impuesto nuclear, recogido en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

En el escrito remitido a los medios de comunicación, la empresa, coparticipada al 50% por Iberdrola y Endesa, informa de que la situación derivada de este nuevo impuesto, conocido como el «impuestazo», «supone que la única decisión responsable para salvaguardar los derechos de los trabajadores y la capacidad económica para acometer el desmantelamiento de la central es el cierre inmediato de la instalación». El desmantelamiento al que se alude en ese escrito podría comenzar en los próximos meses.

A expensas de Hacienda

No obstante, el Consejo de Nuclenor presenta también una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Haciendo español para que este «confirme la interpretación sobre la aplicación retroactiva del nuevo impuesto», en base al cual «se ha adoptado el acuerdo de cierre».

La empresa energética recuerda que la retroactividad de la nueva ley aprobada sobre energía nuclear le obligaría a un pago de impuestos de 153 millones de euros, mientras que sus fondos propios a 30 de septiembre de este año ascendían a 147 millones de euros.

Esa cantidad, sumada a los 9,6 millones de euros obtenidos durante este año por la energía vendida «situaría a la empresa en patrimonio negativo, por debajo de los fondos propios necesarios para evitar la disolución de la sociedad, según lo establecido en la legislación vigente».

De todos modos, pese a que el Consejo de Nuclenor haya anunciado «el cese de actividad», la empresa, que vació hace una semana el combustible nuclear almacenado en el reactor, puede continuar operativa hasta el 6 de julio de 2013, fecha en la que finaliza el permiso de explotación otorgado por el Gobierno del PSOE.