El Gobierno Urkullu ha querido estrenar una imagen más amable para su Departamento de Policía. Un cambio de género en la dirección -una mujer inspira nuevas formas en un terreno tan machista- y de nombre: de «Interior» a «Seguridad». EH Bildu también planteó otra denominación del Departamento, «Libertades Ciudadanas», con el que se explícita la variación en la prioridad a enfrentar: se sitúa en el centro la defensa de los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, la nueva nomenclatura jeltzale no hace sino conmutar variables de un mismo concepto: «seguridad interior», término que nace en contraposición al de «defensa exterior». El nuevo nombre no es, pues, más que mero maquillaje vacío de contenido. Cambiar algo, para que nada cambie.

Sin embargo, la vuelta a una Consejería de tanta raigambre en el imaginario y los intereses del PNV precisa de cierta impronta de la casa. Recogen un cuerpo dañado en su imagen externa, enredado en la ridícula «batalla de las fotos» de presos políticos, con nuevas sombras de tortura tras recuperar la detención incomunicada, envuelto en casos lamentables como el de Xuban Nafarrate y, sobre todo, Iñigo Cabacas... Una Ertzaintza también herida en sus adentros, con la convocatoria de promociones y ascensos internos irregulares para satisfacer un sistema clientelar de partido. Puro nepotismo. Algo idéntico a lo que ya hizo el PNV pero perpetrado ahora por «advenedizos». Tras las cicatrices dejadas por el PSE en la imagen del cuerpo y en su cohesión interna, hay que programar la operación de cirugía estética.

La vuelta coincide con un nuevo tiempo político. Desaparece la vorágine, la loca inercia de la lucha antiterrorista, tanto en su vertiente de lucha contra ETA como en los ingentes esfuerzos dirigidos contra la juventud más rebelde, etiquetada como kale borroka. El nuevo escenario podría favorecer el asentamiento de nuevos modos en el cuerpo. No sin dificultades derivadas de un núcleo duro dentro de la Ertzaintza de inconfesable procedencia, amarrados al rancio autoritarismo y militarismo y con actitudes chusqueras y evidentes animadversiones a cierto sector político, al euskera, a reivindicaciones sociales... Aun así, se acaricia la posibilidad de que, por decirlo gráficamente, los agentes puedan por fin poner a escurrir el buzo de trabajo en el colgador del balcón.

Muy probablemente, el PNV planteará medidas que devuelvan al cuerpo un aspecto más próximo a la ciudadanía, menos represivo, más civil, menos militarizado, y, por qué no, más próximo a la estética jeltzale: ertzainas en camisa, tocados con txapela, paseando sonrientes nuestras calles. Al mismo tiempo, no tendría que haber ningún reparo para el acantonamiento progresivo de la Brigada Móvil, junto con sus pertrechos y sus modos. Harán esperar todavía a esa aspiración social amplia de su disolución. Una sencilla readecuación al actual tiempo político que apacigüe ánimos externos y dé mayor comodidad interna.

No obstante, la calma chicha del nuevo escenario anuncia tormenta, al soplar fuertes vientos de crisis económica. ¿Qué hacer con una tropa de 8.000 hombres -y mujeres- con un presupuesto de vértigo, si no se justifica ya una de sus principales funciones? En las reuniones PNV-EH Bildu para sondear el poco factible gobierno de coalición, ya se dejó claro que los recortes no serían en Interior, ahora Seguridad. Cierto que siempre es traumático hablar de recortes laborales, pero recordemos la rapidez y mano dura con que se resolvió el gasto de personal de seguridad privada -escoltas-. ¿Por qué no traer esa reflexión al ámbito de la seguridad pública? Así pues, por no soliviantar a la tropa, se asegura financiación para personal, pertrechos, mantenimientos... si bien el momento no parece aconsejarlo.

Plantilla injustificadamente engordada que choca además con el despliegue, igualmente mórbido, del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que operan en nuestra tierra. Pero no es solo una mera cuestión de ratios policiales asfixiantes. El PNV asume un problema de encaje competencial y simbólico policial. El no aprecio -el mayor desprecio- a la solicitud de Carlos Urquijo de que se invitara a los mandos de los destacamentos de allende el Ebro al acto de toma de posesión de lehendakari en Gernika puede entenderse como que el PNV no quiere verse mezclado con tricornios e insignias laureadas en su fiesta. Pero puede ser también indicador de que ve en ellos una rivalidad deshonesta. Si sobra personal de seguridad -razona el PNV-, que no sea de quienes, además de ser autóctonos, tienen un techo competencial más amplio, una función más integral. Dicho de otra manera, terminado el cometido principal del resto de fuerzas policiales -la lucha antiterrorista-, que se vayan. De buenos modos, sin acritud y agradeciendo los servicios prestados, pero... lo dicho.

En el reajuste, se abren otras nuevas posibilidades que tienen que ver con cambios políticos en Nafarroa que anuncian otra correlación de fuerzas. Estos cambios inminentes permitirían armonizar métodos de actuación, intercambios de datos e información, coordinación de operativos... entre la Policía vascongada y la foral. Algo que podría acercar relaciones, más allá de la muga administrativa que separa a vascos y que las diferentes franquicias de inspiración jeltzale, a un lado y a otro de dicha línea, podrían ver con buenos ojos.

Decía que los nuevos tiempos traen riesgo de nubarrones para los nuevos gestores: la indignación ciudadana derivada de la situación socioeconómica, solidificada en el crisol de la calle, presagia nuevas espirales de confrontación. La protesta será creciente, más nutrida, habitual y tal vez más violenta, si el Ejecutivo Urkullu no pone pie en pared ante los recortes que impondrá Madrid. Algo que parece no hará. No es lo mismo usar un cuerpo policial contra un sector político oportunamente estigmatizado que emplearlo contra sectores sociales amplios, unidos por perversas circunstancias socioeconómicas.

Con estas perspectivas, Estefanía Beltrán de Heredia ha mostrado poca cintura en la primera polémica a despejar. Quien llamó «zipaios» a los agentes que impedían su derecho a la protesta no estaba vinculado a un sector o posición política. Era un trabajador que defendía su puesto y que un juzgado amparó en su libertad de expresión. Sin embargo, la nueva consejera de Seguridad se revuelve, exteriorizando su «extrañeza» por la sentencia, ya que «avala conductas que todos entendemos como condenables en un Estado de Derecho». Mal comienzo: cierre de filas ante una decisión judicial y toque a rebato contra hechos «condenables», aunque el juzgado los considere «crítica legítima». Al hilo, un importante sindicato de la Ertzaintza denunciaba la creciente «indefensión ante continuas faltas de respeto». La cuestión es ¿qué harán para corregir la falta de respeto? ¿mano dura? ¿o resolver las causas de la tensión? Que les quede claro a los gestores de Seguridad: el respeto no se impone. Se gana. Y ello no se conseguirá si no es adoptando medidas políticas valientes y ambiciosas acordes al modelo policial que necesita y demanda este pueblo en el complicado contexto en que se alumbra este 2013.