La puesta en marcha el año que termina de sendos procesos de autodeterminación en el mismo corazón de Europa augura, sin embargo, un 2013 muy distinto en Escocia y en Catalunya. Y eso que ambos casos presentan grandes paralelismos, más allá del ámbito geográfico en el que se ubican.

Ambos son territorios en los que existe una histórica reclamación soberanista. Y son económicamente dinámicos, Escocia por el petróleo y el gas del Mar del Norte, y el Principat por su posición histórica -aunque venida a menos- de liderazgo en el Estado español.

Su respectiva aportación a la riqueza (PIB) de los entes estatales bajo los que viven es mayor de lo que reciben, circunstancia que en el caso catalán se ha convertido en un agravio habida cuenta de la crisis que afecta a su economía, agravada además por la rémora que supone a día de hoy la «marca España». Pero todo apunta a que los próximos meses serán muy distintos en Edimburgo y en Barcelona.

Liderada con mayoría absoluta por el SNP de Alex Salmond, Escocia plantea 2013 como un año de transición de cara al referéndum de 2014. Una consulta en la que los escoceses hubieran preferido contar con un mayor margen de maniobra e incluso con el colchón de un abanico de preguntas abiertas para conjurar el riesgo de derrota del sí.

No obstante, fue el Gobierno británico el que forzó que la cuestión a referéndum sea unívoca y no admita respuestas a medias. Lo hizo en un escenario de negociación que desembocó en la aceptación, por parte de los conservadores de David Cameron, del derecho -y la conveniencia- de que los escoceses puedan decidir su futuro.

Una estrategia inteligente con la que Londres -incluyendo a la oposición laborista- puede defender sin estridencias y con razonamientos unionistas -pero razonamientos al fin y al cabo- el no en el referéndum. Y que obliga al SNP de Salmond a fiarlo todo a su buena gestión y a una labor de socialización de su proyecto soberanista durante los próximos meses para intentar dar la vuelta a las encuestas.

Mientras el Parlamento de Westminster accedió a ceder a Edimburgo su potestad para convocar y organizar el referéndum escocés de independencia -nadie se plantea que tengan que votar todos los británicos aunque en ese caso igual hasta se daba la sorpresa de que votaran afirmativamente-, todos los presagios en Catalunya vaticinan un 2013 de altísima tensión.

En su discurso de toma de posesión, el president, Artur Mas, advirtió del riesgo de colisión entre Catalunya y España. Y no es para menos.

Si bien es cierto que CiU soñó -y forzó el adelanto electoral sin lograrlo- con una mayoría absoluta similar a la que disfruta el SNP, no lo es menos que tanto su programa como el de la segunda fuerza política pusieron negro sobre blanco sus planes en campaña electoral. Como lo han hecho en su recién firmado pacto de gobernabilidad.

Catalunya ha anunciado su propio referéndum en 2014 -algunas fuentes aseguran que ERC impuso a CiU las prisas para convocarlo antes de Escocia y de una eventual derrota que tendría su impacto en el Principat-. Y, mientras tanto, irá tejiendo durante el próximo ejercicio entes estatales (en materia de Hacienda y de Justicia) en respuesta a la negativa de Madrid a negociar un nuevo encaje de la realidad catalana, económica y política, en el Estado español.

Este último ha respondido con una batería de amenazas y de juego sucio del que Mas tuvo un aperitivo -en forma de borradores policiales falsos sobre corrupción- en plena campaña electoral. La caverna mediática española tiene ya en sus manos otra media docena de «informes» que mezclan procesos en curso (casos Palau e ITV, que salpican a CDC) con mentiras y con investigaciones que hace decenios fueron desestimadas.

Todo es poco en aras de la «sinrazón de Estado» y, ante esta movilización de las cloacas madrileñas el Gobierno español responde con un «no nos consta» mientras aprovecha el ruido generado para sembrar dudas sobre el soberanismo catalán.

Simultáneamente, y pese a que el presidente Rajoy mantiene un perfil bajo, sus primeras espadas, Soraya Saenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal han amenazado abiertamente con hacer uso de la Constitución española y hasta del Código Penal para impedir el referéndum destituyendo a Mas e incluso suspendiendo la autonomía catalana.

Y, paradojas, la rescatada economía española mantiene la espada de Damocles de cortar el grifo de la financiación a la igualmente rescatada economía catalana, que precisa de esos fondos hasta para abonar las nóminas de sus empleados. Un esperpento político total que Madrid completa blandiendo la advertencia de que Catalunya quedaría fuera de la UE. Y justo cuando la economía española se ha convertido en una rémora que sigue amenazando con hacer descarrilar el barco del euro.

Mientras el inquilino de la Moncloa escruta ansioso todas las mañanas en el poso del café el futuro de la prima de riesgo en un intento de evitar un nuevo, y general, rescate, y se ufana en privado de haber rebajado al máximo los salarios de los trabajadores españoles, el unionismo -sin distinción entre el PP y el PSOE- trata de vender las «bondades» de que Catalunya siga anclada a España.

Una España que, al contrario que Gran Bretaña, insiste en cometer los mismos errores del pasado y que muestra que no ha aprendido nada de las lecciones que le lleva dando la historia desde hace cientos de años.

Su cerrazón anticipa un choque de trenes -o de barcos- casi seguro. Y Madrid espera que los dirigentes catalanes salten antes al agua. Su única estrategia pasa por fiarlo todo a ese diagnóstico, que en los últimos meses se ha revelado tercamente erróneo, alimentándolo con apelaciones a las «siete plagas bíblicas». Olvida que podría forzar el efecto contrario, convenciéndoles para seguir firmes al timón y alejarse de un barco (España) que se hunde sin remisión.