Las previsiones marcadas para el año 2013 por el conjunto de los organismos internacionales no son nada halagüeñas y resultan manifiestamente peores que las aportadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y medios afines. Hasta el momento, el presidente y sus funcionarios solo han acompañado las intervenciones sobre el futuro con deseos de cambios, esperanzas para evitar una mayor destrucción de la economía y «brotes verdes» que son pura invención. Por tanto, no es difícil prever que el calvario del paro y los recortes sociales se mantengan, pese a las promesas de un gobierno adicto al incumplimiento de sus propios compromisos.

En Europa tampoco encontramos un escenario benevolente. La recesión se ha instalado en el tercer trimestre, cuando el PIB se contrajo un 0,1% en la eurozona, después de que cayera también un 0,2% en el segundo. Desde el cuarto trimestre de 2011 no ha habido ningún aumento. El BCE prevé una caída del PIB del 0,5% en 2012, y del 0,3% en 2013; y atrasa hasta 2014 la vuelta al crecimiento. A esta debilidad económica se sumarán la crisis persistente de la deuda y la frágil respuesta a la integración bancaria europea.

En el Estado español, el Gobierno estima que el PIB se ha contraído este año un 1,5%, mientras que para 2013 caerá un 0,5%. Sin embargo, el grueso de las proyecciones de instituciones y organismos internacionales apunta a un decrecimiento siempre superior al 1% el próximo año.

Más desempleo

Por tanto, estamos en un contexto europeo poco propicio para pensar en positivo. Y menos, dentro del Estado español, que se encuentra entre los peores en las cifras de crecimiento y desempleo. Así, no hay expectativa fundada de un giro en la preocupación que debe ser central: el empleo. Las distintas estadísticas que se manejan son escalofriantes. Según la última proyección lanzada por Caja Laboral, el paro alcanzará el 27% para final del 2013, un porcentaje que se recorta hasta el 16% en la CAV. Otras previsiones varían ligeramente hacia arriba o hacia abajo, pero en todas ellas se da por descontado que seguirá la acelerada destrucción de empleo. Los continuos hachazos a los derechos de los trabajadores, revestidos de reforma laboral, no han hecho sino aumentar hasta cerca de 5 millones las personas inscritas en los Servicios Públicos de Empleo este año. Por su parte, la EPA podría elevar la cifra de desempleados por encima de los 6 millones.

El rescate, castigo o solución

También durante 2013 se seguirá dando vueltas a la solicitud del rescate por parte del Estado español. Por el momento, el presidente Mariano Rajoy se ha mantenido firme en su decisión de no pedir la ayuda financiera al BCE. Este debate no puede orillarse, dado que no se está logrando aminorar la prima de riesgo hasta niveles más confortables, que algunos expertos no colocan lejos de los 200 puntos. Así las cosas, de mantenerse altos, y a pesar de la cesión del último mes en el que cayó debajo de los 400 puntos, la posibilidad sigue siendo mayor de lo que el propio gobierno quiere dar a entender. Como gran baza frente a los demandantes del rescate, el gobierno blande el éxito de las subastas de deuda de los últimos meses, tanto por la elevada demanda como por la paulatina caída de los intereses a pagar. También le ayuda a mantenerse en la trinchera de la negativa la evolución de la situación en Grecia respecto a la calificación de su deuda, la estabilización del euro en los últimos meses, la puerta abierta por el BCE al rescate y el buen comportamiento de la prima de riesgo en Italia, a pesar del sobresalto acaecido con la irrupción de Berlusconi.

No obstante, los analistas creen que el Gobierno Rajoy podría dar su brazo a torcer si se engordan las necesidades de financiación de 2013, estimadas en más de 120.000 millones de euros para cubrir vencimientos de deuda y déficit, y si la prima de riesgo no cede más.

Pero la ayuda financiera no cae del cielo. El rescate es una nueva vuelta de tuerca para rebajar las condiciones de vida y someter a los estados a una disciplina fiscal que destruye los principios del bienestar social levantados durante décadas.

Por otro lado, no se sabe a ciencia cierta cuáles serían esas condiciones adicionales, pero las advertencias de Bruselas avanzan exigencias más duras para el mundo del trabajo y el retiro. Y todo esto, incluso, sin necesidad de llegar hasta el rescate, dado que el recorte en el déficit público no está cumpliendo el acuerdo con Bruselas y el aplazamiento de los objetivos llevará aparejado más exigencias. En febrero, según adelantó el comisario de Asuntos Económicos de la CE, Olli Rehn, podrían imponerse nuevas medidas para flexibilizar el calendario de la reducción del déficit.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé que 2012 termine con un déficit público de entre el 7,3% y el 7,7% del PIB, cuando el compromiso con Bruselas es del 6,3%. Hasta noviembre se informó de un déficit del 4,37% en la Administración española, por lo que nadie cree en su cumplimiento, y el debate se centra en conocer la desviación al alza después de sumar los números de las comunidades autónomas.

El reto de 2013, rebajarlo al 4,5%, se presenta también como tarea imposible puesto que la recesión, presente desde el último trimestre de 2011, volverá a lastrar la obtención de recursos, y los leves síntomas de mejoría, como el equilibrio en la balanza por cuenta corriente, no son significativos. Haría falta algo más que subidas de impuestos, recortes sociales y encarecer todos los servicios públicos.

Nueva prueba para los bancos

Durante este año que comienza se verá, por otro lado, la eficacia de la reestructuración bancaria iniciada de facto en 2012. Por el momento, sabemos que los contribuyentes pondrán cerca de 55.000 millones en este intento de tapar los agujeros provocados por los bancos y cajas, no solo en el sistema financiero, sino en el conjunto de la economía. También se podrá verificar si el banco malo (SAREB) es capaz de cumplir su función de liquidador inmobiliario sin afectar al sector.

A lo largo de 2013 conoceremos, además, si esta lluvia de millones es capaz de devolver la confianza en un sistema tocado por la corrupción y si la inversión toma el protagonismo necesario para incentivar el crecimiento.