«Bulgaria es todo lo bonito que tú quieras, pero no hay nada. Antes, aunque no tuvieras trabajo, algo había, pero desde que vino el capitalismo, sin dinero no hay nada. No se puede volver». Así habla Diana, que lleva más de veinte años en Nafarroa. Ella es búlgara, pero sus nietos son nacidos en Nafarroa. Se gana la vida limpiando casas y lo usual es que no le den de alta en la seguridad social. La falta de trabajo o de dinero se está convirtiendo en el mayor factor de exclusión de Euskal Herria. Ángel Iriarte, director de Cáritas en Nafarroa, explicó el inmenso poder que tiene la falta de recursos para dejarte fuera de la sociedad. «Antes venían aquí gente en la que confluían varios factores de exclusión, como ser inmigrante, proceder de una familia desestructurada, una adicción, una discapacidad o carencias formativas», comenta Iriarte. Pero la realidad que está aflorando con la crisis es otra. «Ahora nos está llegando gente cuyo único factor de exclusión es una temporada larga en el paro y que, solo por eso, necesita ayuda», asevera Iriarte.

La crisis está activando la solidaridad de una forma creciente. Esto está sirviendo para paliar las situaciones más extremas, pero en su mayoría son parches temporales y parciales. En una sociedad capitalista con un Estado del Bienestar a cada día más maltrecho, no tener dinero significa no tener absolutamente nada. Por ello, muchas de las iniciativas más eficaces y que más se demandan se han dirigido a relativizar el papel que tiene el dinero. Ejemplo claro de esto es la labor que realiza el comedor social París 365 en Iruñea, donde dan de comer y cenar por un euro al día independientemente del coste de la materia prima y de la elaboración. También negocios privados están sumándose a la idea de que el coste de las cosas depende también de para quién sea. Cada vez es más usual que establecimientos lancen descuentos para gente que no tiene empleo o no graven el IVA a personas que acreditan estar en una situación de necesidad.

El más ambicioso de todos estos proyectos es el alquiler social que se demanda desde las plataformas de afectados por desahucios. Se trata de un sistema que garantice el derecho a la vivienda y que, aprovechando el parque de casas y pisos vacíos, permita que la gente se aloje en ellos pagando en función de sus posibilidades. El máximo exponente de la iniciativa en el plano político venía incluido en el programa de Bildu en la CAV, pero se ha quedado en el tintero, ya que no toca que esa formación lleve las riendas de Lakua.

Otras iniciativas más pequeñas en este sentido, son las «tiendas gratis», donde uno deja los útiles que ya no le sirven y recoge otros que le puedan resultar necesarios. En otros países, como en Grecia, funcionan muy bien, aunque en Euskal Herria su impacto es mínimo. En Iruñea existe una en Zabaldi, pero es de dimensiones pequeñas.

El Estado también asume estos costes proporcionales en algunos aspectos más allá de lo meramente tributario. A los descuentos típicos, como el de familia numerosa, se sumó la gratuidad de los fármacos para los parados que se incluyó en el medicamentazo. Son gestos casi simbólicos, puesto que con la otra mano está recortando derechos fundamentales, como el de la renta básica.

Pese a ello, todas estas medidas pueden servir para que la persona necesitada gane tiempo y que su situación no se agrave. Con suerte, pueden incluso darle el aire suficiente como para que encuentre la posibilidad de reengancharse a la sociedad.

La cantidad de hogares sin recursos ha aumentado con fuerza a lo largo de 2012 y, con un mercado laboral a la baja, seguirá creciendo conforme avance 2013. Instituciones que tradicionalmente han trabajado con personas en exclusión social arrojan unos datos alarmantes al cierre de 2012. Por ejemplo, el Banco de Alimentos asevera que la pobreza afecta a uno de cada cinco hogares en Nafarroa, el doble que hace unos años. En Araba, Gipuzkoa y Bizkaia más del 11% de los hogares no es capaz de afrontar sus gastos mensuales. Uno de los datos más llamativos que ofrece Cáritas es que, hace unos años, el 70% de quienes solicitaban ayuda eran inmigrantes (cuya red de apoyo es más pequeña), pero ahora ya solo son el 60%.