El cuerpo de la estudiante india de 23 años que el 16 de diciembre fue víctima de una violación colectiva fue incinerado ayer en Nueva Delhi en presencia de familiares y dirigentes políticos que asistieron a la breve ceremonia en medio de importantes medidas de seguridad.

El primer ministro indio, Manmohan Singh, y la presidenta del gubernamental Partido del Congreso, Sonia Gandhi, acudieron al aeropuerto de Delhi a recibir el ferétro y ofrecer sus condolencias a los familiares cuando llegaron procedentes de Singapur, a donde fue trasladada debido a la gravedad de las lesiones que sufría.

Su muerte ha provocado una ola de indignación en India, donde cada 18 horas se denuncia una violación, según datos oficiales. El Gobierno se ha visto forzado a prometer una mayor protección para las mujeres, penas más severas para los delitos sexuales y la aceleración del lento sistema judicial. Ha propuesto también la creación de un registro público con las identidades de los agresores sexuales y la castración química de los violadores condenados.

Human Rights Watch hizo un llamamiento al Gobierno para que prohíba el uso del llamado «test del dedo», en el que un doctor comprueba la tensión vaginal de una víctima de violación, aparentemente, para determinar si está «habituada a las relaciones sexuales». Resaltó que estas pruebas conllevan «resultados degradantes» que a menudo desacreditan las denuncias de las mujeres.

Ayer miles de personas se volvieron a concentrar en el centro de la capital pese al fuerte despliegue policial ante las oficinas gubernamentales. Los manifestantes y los medios exigieron una reflexión sobre cómo luchar contra los prejuicios y la misoginia en la sociedad india.