El jueves de la próxima semana 18 personas serán juzgadas acusadas por la Fiscalía de un delito «contra el derecho de los trabajadores» por participar en un piquete en Gernika con motivo de la huelga general del 27 de enero de 2011. El fiscal pide para cada una de ellas una pena de 3 años y 9 meses de cárcel así como una multa de 6.000 euros.

Los hechos se remontan a aquel día, cuando en plena jornada de paro, los acusados repartían propaganda y proferían gritos en favor de la huelga. Dotaciones de la Ertzaintza retuvieron durante dos horas a 18 personas que formaban parte de un piquete informativo que se encontraba frente a un supermercado de la calle San Juan de Gernika.

Posteriormente, prestaron declaración por este motivo ante la juez de Gernika. Pensaron que con este trámite quedaría zanjado el asunto. Sin embargo, más de un año después, en marzo de 2011, en vísperas de la siguiente huelga general, se les notificó que la Fiscalía pedía penas que sumaban 72 años de cárcel y 108.000 euros, a pesar de que la denuncia inicial de un particular había sido retirada.

Represión contra las huelgas

En relación a este inminente juicio, representantes de distintos colectivos de Gernika y del resto del eskualde comparecieron ayer para expresar su solidaridad con los represaliados.

En la rueda de prensa, los participantes se hicieron varias preguntas: por ejemplo, «¿cómo es posible que, tomando como excusa una denuncia retirada, primero la Etzaintza y posteriormente la Fiscalía, pretendan juzgar a 18 personas sin individualizar ninguna acusación, por un delito en su grado más alto? ¿qué intereses existen detrás de este juicio? ¿existe algún interes político para que haya aumentado tanto la represión contra los piquetes de huelga en los últimos años?».

En este sentido, señalaron que «intuyen las respuestas» y añadieron que de lo que no tienen ninguna duda es que «para cambiar la situación económica de Busturialdea y de Euskal Herria, en general, es necesario un cambio social» y, por ello, abogaron porque las instituciones vascas impulsen «unas políticas económicas que en vez de favorecer a la banca y a la patronal, defiendan los intereses de la ciudadanía».

En esta línea, manifestaron que «hacia la construcción de un cambio social, los trabajadores y la ciudadanía, en general, solo tenemos una opción, salir a la calle en defensa de nuestros derechos». Así y tras defender la necesidad de la movilización social, los participante en la rueda de prensa destacaron que, en este contexto, «cobra mayor relevancia realizar una defensa a ultranza del derecho a la huelga y de reivindicar con fuerza que los piquetes de las huelgas son un derecho, no un delito».