Lo hicieron el último día de 2012 y ayer, de nuevo, un grupo de antiguos usuarios de la residencia Reina de la Paz, junto a familiares y representantes de formaciones políticas como Bildu, se volvieron a concentrar ante la sede central de BBK, en la Gran Vía bilbaina, para demandar que se respete el contrato que los ancianos firmaron en diciembre de 2008 cuando se desalojó el viejo edificio para derruirlo y edificar uno nuevo.

Cuatro años después, con uno de retraso sobre las previsiones de la entidad de ahorro vizcaina, los cerca de 160 antiguos residentes que aún viven -un centenar largo ha fallecido, según las estimaciones que efectúan- se enfrentan a los nuevos contratos que quiere la Obra Social de BBK que rubriquen y cuyo plazo, según apuntan los afectados, finaliza hoy. Se trata por un lado de un documento en el que se da por resuelto el contrato anterior, al que se acompaña otro en el que el futuro usuario del nuevo Centro BBK Sarriko asume que el responsable de la gestión será la empresa privada Vitalitas, en la que delega la entidad que preside Mario Fernández como propietaria.

Los afectados, agrupados en la asociación Ohianka, entienden que los antiguos residentes perderán «derechos adquiridos» y acusan a BBK de mantener una actitud «mafiosa». La caja de ahorros defiende que es «un trámite ordinario» y que quien no esté dispuesto a suscribir ese nuevo convenio no desea ingresar en el nuevo centro.

«Ocultan detalles de las consecuencias de firmar esos contratos y nos plantean que si no lo hacemos, no iremos a Ibarrekolanda a partir del lunes», que es cuando de manera escalonada irán ingresando los mayores en el nuevo centro, con 136 apartamentos destinados a ese uso; otros 32 se dedicarán entre otros objetivos a jóvenes que se quieran emancipar.

No son pocos los afectados que denuncian el «trato abusivo», que ha llevado a alguno a resignarse o quedarse en la residencia a la que fueron trasladados provisionalmente en 2008. A ello hay que añadir, desvelan, que el director de la Obra Social de BBK, Jorge Morquecho, les ha animado a que si quieren pleitear, acudan individualmente a la vía civil. «No es de recibo que, después de cuatro años, nos traten así, con desprecio y con amenazas», declaran.

Con ese precedente, dudan de la promesa verbal que les han hecho los responsables de Vitalitas, de que quien lo desee mantendrá su habitación individual. No se lo creen y estiman que es una «estratagema» para que finalmente firmen el contrato y una vez en el centro, ante cualquier contingencia, sean reubicados en una habitación doble.

Desde Ohianka vienen defendiendo que «la Caja está jugando con los mayores», con su vulnerabilidad y con las «amenazas encubiertas que se les están lanzando semana tras semana, cuando ellos lo único que quieren es regresar al entorno que abandonaron hace 4 años».