El Sexto Alto Tribunal Penal de Diyarkabir condenó ayer a más de 400 años de presión a 4o de los 55 políticos kurdos juzgados en el denominado caso KCK, (Unión de Comunidades Kurdas), acusados de «pertenecer a una organización terrorista» y de tenencia de explosivos. Entre ellos se encuentra el diputado del Partido Paz y Democracia (BDP) Faysal Sariyldiz.

En total la sentencia supone 401 años y nueve meses de prisión para 40 de ellos, con penas individuales que penas van de los 6 años y 3 meses a los 17 años. Una docena de ellos fue separado en un caso aparte, mientras que tres fueron absueltos. El abogado Fethi Gümüfl criticó que la condena fue emitida sin que los acusados tuvieran derecho a defenderse en su lengua materna, el kurdo.

El abogado Metin Findik pidió al tribunal que pospusiera el juicio hasta que se aprobara la legislación que permitirá el uso del kurdo en los tribunales, que próximamente se votará en el Parlamento. Sin embargo, el tribunal replicó que la actual legislación no lo permite y denegó la petición.

Jóvenes detenidos

Los 40 condenados, todos ellos originarios de la provincia de Sirnak, fueron detenidos en 2009, durante una vasta operación que ha llevado a la cárcel a miles de militantes kurdos, desde políticos a profesores universitarios, escritores, periodistas o abogados, todos ellos bajo la máxima de «todo es KCK».

Ayer mismo, una docena de jóvenes kurdos fueron detenidos con esa acusación en una redada en varias viviendas en el distrito de Nusaybin (Mardin).

El Estado turco vincula esta organización al PKK y afirma que pretende «sustituir al Estado» en las colectividades de provincias de mayoría kurda, creando una estructura administrativa paralela a las instituciones oficiales.

La sentencia conocida ayer es la primera de los procesos abiertos en esta operación, pero hay más en diferentes ciudades y llega poco después de que un consejero cercano al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmara la apertura de negociaciones entre los servicios secretos turcos y el líder del PKK en prisión, Abdullah Öcalan, para tratar el desarme de la guerrilla.

«Los servicios de informaciónn son los que han mantenido conversaciones con él. Todo diálogo en este sentido que pueda conducir a un cese de la violencia es apoyado por el Gobierno», declaró el consejero, Yalçin Akdogan.