Una policía municipal de Iruñea ordenó a la grúa que se llevara el coche de un cargo del Ayuntamiento por aparcar en el vado de un autobús escolar. Este hecho, casi irrelevante, se produjo el 19 de mayo de 2010, pero sus consecuencias judiciales aún no se han cerrado. A raíz de esa multa -que nunca se pagó- la agente llegó a estar imputada por un presunto delito de falsedad documental, penado con entre tres y seis años de cárcel. Finalmente, la causa fue archivada y el fiscal ni siquiera le interrogó, pero el o los responsables de haber intentado encarcelarla siguen sin salir a la luz. Se trata del último escándalo por multas en Iruñea, plagado de casos de supuestos tratos de favor como el de los Phaeton o los relativos al edil Ignacio Polo.

Según consta en los diferentes documentos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico, el 19 de mayo de 2010, la policía decidió multar un coche aparcado en el vado del autobús escolar del colegio Vedruna. El vehículo, un Saab, tenía un permiso especial del Ayuntamiento para aparcar sin pagar zona azul o en sitios prohibidos, siempre y cuando no altere el tráfico. Sin embargo, la agente entendió que, si el autobús llegaba, el tráfico se alteraría y decidió llamar a la grúa tras consultarlo con Comisaría. El Saab fue retirado a las 16.40 (unos diez minutos antes de la llegada normal del autobús).

El propietario del vehículo, Óscar Esquíroz (director de Conservación Urbana, un cargo de libre designación de UPN), llamó de inmediato a la Policía Municipal y consiguió que se le retirara la multa y, además, no abonó siquiera el traslado de la grúa, pese a que la retirada de los vehículos no la realizan funcionarios, sino que está en manos de una subcontrata.

Enterada de que la multa no fue tramitada y que se decidió quitarla y entregar el coche sin coste, la agente demandó al máximo responsable del cuerpo, el militar Simón Santamaría, por un delito «contra la administración pública». Esta denuncia se interpuso en el juzgado de guardia el 19 de octubre de 2011 y en ella aparece un añadido donde se recoge que se ha hecho llegar una copia de este escrito al Área de Seguridad Ciudadana.

El 23 de noviembre de 2011, el juez Edilberto Esteban decide sobreseer provisionalmente esta denuncia y archivarla. A su juicio, «no aparece debidamente justificada la perpetración del hecho» delictivo. El juez impone un periodo de tres días para que se recurra el archivo. Al término de este plazo, el caso pasó de ser un tema menor a un escándalo en toda regla con tintes de acoso laboral.

Petición de cárcel «anónima»

Tras archivarse la causa, la fiscal Ana Cuenca cita a la agente para que declare en calidad de imputada «por lo que deberá comparecer asistida de letrado o, en su caso, le será asignado uno de oficio». Esta notificación está fechada a 28 de noviembre de 2011 por la fiscal. Sin embargo, el documento lleva un sello de registro de entrada de la Policía Municipal del día 26, dos días antes de ser redactado.

La citación se debe a que la Fiscalía ha acusado a la agente por un delito de falsificación de documento público. Este delito está penado con entre tres y seis años de cárcel. Independientemente de que la multa esté justificada o no, encarcelar a una policía municipal por una simple multa de tráfico parece algo desproporcionado.

La agente se acogió a su derecho a no declarar ante Cuenca y la fiscal le confirmó que su imputación por falsedad documental se debe a que alguien le ha denunciado. Pese a ello, el misterioso denunciante sigue sin aparecer.

Además, en diciembre la fiscal ordena indagaciones sobre el caso, que queda en manos del Juzgado de Instrucción número 1.

Lo llamativo es que las pruebas inculpatorias que la fiscal ordena en diciembre, se habían realizado con anterioridad. Se trata de un exhaustivo informe elaborado por policías municipales con fotografías del Colegio Vedruna y el comentado vado de autobús, así como informes del Ayuntamiento y de la empresa propietaria del autobús escolar sobre los horarios de llegada de los autocares. También figuran las declaraciones del policía jefe de sala el día de los hechos (a requerimiento del departamento de Control y Auditorías de ese cuerpo policial, que es el que se encarga de las sanciones a los agentes) en el que carga contra la agente que puso la multa.

La agente denunciada aseguró que tanto ella como el jefe de sala estaban de acuerdo en que la grúa debía llevarse el coche. En su declaración, el jefe de sala reniega de ella diciendo que «no tengo por costumbre justificar mis acciones ante mis subordinados» y asegurando no recordar haber tenido esa conversación con la agente.

Asimismo, según han hecho saber a este periódico, el reportaje fotográfico sobre el vado de autobús fue ejecutado por un agente del cuerpo, en horas de servicio, antes de que lo ordenara el fiscal. Ese reportaje está fechado el 3 de noviembre, cuando la denuncia de prevaricación contra Simón Santamaría aún estaba vigente. Esto hace pensar que el jefe de la Policía Municipal usó su poder de mando para encargar a sus subordinados un informe destinado únicamente a exonerarle. Y lo más grave, este informe fue utilizado después para intentar llevar a la cárcel a una compañera.

La imputación se desinfla

Esta campaña inculpatoria quedó en nada en enero del año pasado. La policía declaró ante el Juzgado número 1 y, a pesar de que el Ministerio Público era el denunciante, ningún fiscal acudió al interrogatorio. Tras esto, la juez tarda solo siete días en echar por tierra la acusación. El 18 de enero procede a «decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que no estamos en presencia de un delito de falsificación de documento público». De otra parte, el fiscal también ordenó que testificara el propietario del coche pero, con la documentación que GARA posee, no se puede afirmar que acudiera a la Audiencia.

El caso sigue abierto, aunque está estancado. La agente tiene ahora abierta la posibilidad de incurrir en acciones contra la persona que intentó llevarla a la cárcel. Sin embargo, se desconoce quién es el denunciante. Al parecer, el decreto del fiscal superior, que debe recoger el nombre de esta persona, no obra en los expedientes. La ausencia de este documento que inició el procedimiento -que se sabe que fue emitido el 28 de noviembre de 2011- resulta sumamente extraña.

En este punto, cabe remarcar que Esquíroz (el multado) no es en principio un amigo directo de Santamaría, sino que está más relacionado con el alcalde, Enrique Maya, ya que antes de ser primer edil era el arquitecto municipal y Esquíroz el director de Conservación Urbana. También se le considera cercano a Yolanda Barcina, ya que la presidenta lo fichó de la UPNA, donde ella es catedrática.

En la reciente «Operación Mercurio», desarrollada en Sabadell, se detectó que el jefe de la Policía Municipal retiraba multas por orden del alcalde. Este hecho, automáticamente, conllevó una imputación tanto para el jefe de policía como para el propio alcalde de la localidad catalana, Manuel Bustos.