El presidente chileno, Sebastián Piñera, renovó su apuesta represiva al anunciar ayer un aumento de la dotación y del material policial, así como el establecimiento de una zona de vigilancia y la asignación de un fiscal especial en Ngulu Mapu (territorio mapuche administrado por Chile), tras la muerte de dos personas en un incendio provocado en la madrugada de ayer en Vilkún, que las autoridades imputaron a comuneros mapuches. Su Gobierno señaló que recurrirá, de nuevo, a la «ley antiterrorista», vigente desde la dictadura de Pinochet y que prevé penas más duras que la legislación común, en su demanda por estas muertes. Piñera no decretó, sin embargo, el estado de sitio, como le pidieron parlamentarios de la coalición de Gobierno.

El comunero Ceferino Celestino Córdova fue capturado ayer con una herida de bala en el pecho cerca del fundo Lumahue, propiedad del fallecido.

Los muertos son el empresario agrícola Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa, Vivianne McKay, que fallecieron por asfixia en el incendio de su vivienda, ataque durante el que se defendió a balazos, según medios locales. Luchsinger forma parte de una familia enfrentada desde hace décadas a los mapuches, que reclaman esas tierras, y propietaria, entre otros, del predio en el que hace exactamente cinco años los Carabineros mataron al joven Matías Catrileo.

Estos hechos elevaron la tensión en la zona, donde en las últimas semanas se han incrementado los incidentes en el marco de este conflicto, que enfrenta a comunidades mapuches con empresarios que se han apoderado de sus tierras ancestrales o han comprado las que previamente les fueron arrebatadas. Los propietarios agrícolas y forestales exigen al Gobierno que ataje estos ataques y amenazan con tomarse la justicia por su mano.

En respuesta a este suceso, el más grave de cuantos han afectado a los empresarios, Piñera anunció que se aumentará en 84 miembros la dotación de Carabineros en la región de la Araucanía, que se sumarán a los 288 que se han incorporado en los últimos dos años; se enviarán nuevos vehículos blindados y un segundo helicóptero de vigilancia; se aportará tecnología de fotografía nocturna y de largo alcance, y se creará una unidad de Carabineros especializada en la «lucha contra el terrorismo». Además, este cuerpo policial militarizado establecerá una zona especial de control durante 24 horas en los lugares más conflictivos.

El Gobierno ha pedido a la Agencia Nacional de Inteligencia que recabe información para mejorar «la eficacia de la lucha contra el terrorismo» y ha designado un fiscal especial.