En 2012, en EEUU, más de 70 personas han muerto en al menos 10 ataques de personas armadas contra civiles, y otras tantas han resultado heridas. Durante esos meses hemos asistido también a una relajación manifiesta de las leyes que regulan la posesión de armas, y todo ello en una año electoral, en el que los candidatos a la Presidencia, Barack Obama y Mitt Romney, han pasado de puntillas sobre el problema, más interesados como estaban en lograr apoyos, políticos y económicos.

En este sentido, la reacción del presidente Obama, que con el nuevo año inicia oficialmente su segundo mandato, tampoco debería extrañar. Igual que hizo el pasado verano tras la matanza en el cine Aurore (12 muertos y 60 heridos), realizó ante los medios de comunicación una puesta en escena que bien podría ser de una interpretación cinematográfica al mejor estilo de Hollywood (no hay que olvidar la capacidad comunicativa e interpretativa del mandatario).

Mientras soltaba alguna lágrima ante las cámaras, «lágrimas de cocodrilo» para algunos analistas que recuerdan las decenas de menores que han perecido este mismo año en todo el mundo bajo las bombas de los aviones no tripulados estadounidenses (y que no han merecido ningún recuerdo por parte de Obama), repetía las mismas palabras que hace meses, pero, como que entonces, no hará nada. Es más, algunos recuerdan que durante su primer mandato, en lugar de proponer medidas para controlar la compra de armas, Obama aprobó en 2009 una ley que amplía los permisos de portar armas en los parques nacionales del país.

La disposición del presidente a asegurar que quienes no tengan autorización para llevar armas no tengan acceso a ellas, mientras garantiza el derecho a portarlas mismas que se recogido en la famosa Segunda Enmienda de la Constitución, evidencia que las cosas no tiene visos de cambiar a corto plazo.

El engranaje legislativo es, sin duda, una baza que juegan y mantienen a su favor los poderosos lobbies de las armas. En 1993, la llamada Ley Brady obligaba a comprobar los antecedentes penales y siquiátricos de los compradores de armas y también se creó un archivo federal con los citados expedientes. Sin embargo la realidad institucional de EEUU permite esquivar fácilmente estas medidas.

Así, se tiene constancia de que son millones los expedientes que no se mandan al FBI y que solo trece estados suelen realizar consultas en ese archivo. Pero, además, la citada ley no es aplicable cuando la compra-venta de armas se realiza entre particulares (más de 40%). Y, por otro lado, la prioridad de las leyes de los estados sobre la legislación federal puede hacer que cualquier intento desde Washington para regular el acceso alas armas quede en papel mojado.

Por otro lado, el papel de los dos principales partidos políticos, contrarios declarados al control de armas los republicanos e interesados en los enojar a los lobbies los demócratas, augura que con el paso del tiempo las declaraciones de buenas intenciones quedarán aparcadas hasta que tengan que volver a desempolvarse tras una nueva matanza.

La Ley «Stand your ground » (SYG) (defiende tu posición/espacio) que se promulgó en Florida en 2005 es otro soporte al que se aferran los defensores de las armas. Desde entonces, y con la ayuda de la Asociación nacional del Rifle (NRA) y sus aliados, más de veinticuatro estados del país han ido adoptando leyes similares.

Ese argumento legal institucionaliza el «uso justificable de la fuerza», conformándose una especie de «ley de autodefensa» que a través de tres conceptos jurídicos volvieron razonable la «ley de defensa propia», convirtiéndola en una especie de receta para tomarse la justicia por su mano. De esta manera, se articula una ley que sostiene «el derecho a defender su posición y defenderse con la fuerza».

Según la SYG, las personas que crean que están en peligro en espacios públicos no están obligadas a alejarse ante la amenaza percibida antes de utilizar la fuerza para defenderse. Además, si actúan en defensa propia en sus casas, vehículos u otras áreas designadas se supone que se cree razonablemente que estaban en peligro inminente y la carga de tener que probar lo contrario recae sobre el acusador. Además, las personas que utilizan la fuerza justificable para defenderse están protegidas no solo frente el enjuiciamiento penal, sino también a la responsabilidad civil.

Un reciente estudio apunta una serie de datos muy interesantes en torno a las matanzas. En él se recoge la distorsión informativa que se produce tras las masacres, convirtiéndolas en un mero espectáculo, donde la falta de rigurosidad informativa es manifiesta, y constata, además, que la citada saturación mediática tiende a provocar que el caso se repita en los próximos días, aunque generalmente a menor escala. También se apunta en el citado estudio que las expresiones de dolor y la presencia de las cámaras dificultan muchas veces la recuperación futura de los afectados, que son sometidos a una presión extra por la presencia de los focos.

El origen de los agresores, apuntan los autores del informe, suele «sorprender» a muchos defensores de las armas. El hecho de que la mayor parte de las matanzas estén protagonizadas por norteamericanos blancos («uno de los nuestros») y predominantemente en comunidades blancas que hasta víspera eran consideradas «seguras y agradables» suele generar mayor controversia.

También constatan los citados expertos que todos los actores suelen tender, de una manera u otra, a utilizar los citados acontecimientos en beneficio de sus propias agendas (políticos, lobbies y empresas), y ello facilita que, como conclusión final, a pesar de todo lo que se dice tras lo sucedido, «nada cambia».

La tradición, el individualismo y la conjunción de diversos intereses políticos y económicos, permiten que a día de hoy el descontrol sobre la posesión de armas en EEUU siga presente. Una de sus consecuencias la vemos cada vez que tiene lugar una matanza, sin embargo hay otro tipo de derivaciones que «no se quieren ver» y que en el futuro pueden tener consecuencias muy graves para la sociedad estadounidense, como es el fenómeno de los movimientos ultraconservadores, los defensores de la supremacía blanca y las milicias, protagonistas de algunos de los hechos más violentos de la historia reciente de ese país.