Los secretarios generales de los principales sindicatos de Hego Euskal Herria no ahorran calificativos a la hora de valorar el escenario que le aguarda a la clase trabajadora vasca este año. En este sentido, la coincidencia es absoluta, algo tan inusual en estas cuatro centrales como lógico a tenor de las perspectivas socioeconómicas: 2013 va a ser un año muy duro. Lo fue el pasado ejercicio y no hay motivos para suponer que en los próximos meses vaya a producirse un vuelco en la situación. Bien al contrario, los mandatarios políticos e institucionales llevan tiempo advirtiendo de lo que se nos viene encima, con la pretendida inocencia de quien avisa de la proximidad de una tormenta, cuando en este caso son ellos los principales causantes del aguacero.

Podría ser que los responsables de las políticas sociales y económicas que se aplican en este país quisieran con sus declaraciones preparar el terreno, buscar una especie de resignación colectiva cocinada a fuego lento. Sin embargo, frente a ese emplazamiento a abandonar toda esperanza, tan acorde a este escenario dantesco, los sindicatos lanzan su advertencia acompañándola de un llamamiento a la movilización. No para que los golpes duelan menos, sino para responder y, desde la contundencia de la respuesta, ponerles freno.

Desde el inicio de la crisis, una de las preocupaciones compartidas por las instituciones ha sido tratar de amortiguar la respuesta a su gestión, tendente, salvo contadas excepciones, a preservar el interés de una minoría frente a una mayoría que ha aguantado incluso que le acusen de vivir por encima de sus posibilidades. Primero con engaños, como el de los brotes verdes, y cuando ya no había margen para el embuste con una represión cada vez más indiscriminada, la obsesión de los gobernantes ha sido frenar la protesta. Por ello, es significativo que los cuatro líderes sindicales hablaran ayer abiertamente de movilización, porque cualquier aspiración de vencer al órdago del capital pasa por ella. El diagnóstico es tan claro como la receta, y no admite placebos como un diálogo social que solo ha servido para legitimar la constante agresión a los trabajadores.