El presidente de Chile, Sebastián Piñera, encargó ayer a un alto mando policial la seguridad en el territorio mapuche de Ngulu Mapu, al sur del país, y no descartó decretar el estado de excepción tras la muerte de un empresario agrícola y su esposa, lo que ha elevado la tensión en la zona. El Gobierno presentó una querella invocando la pinochetista «ley antiterrorista» por estos hechos, por los que sigue detenido un joven mapuche. La aplicación de esta ley contra los mapuches, que reclaman sus derechos ancestrales sobre tierras que están en manos de empresarios agrícolas y forestales, ha sido criticada por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.